Inflación: #Cambiemos gradualmente, pero más rápido

Como todos sabemos, el objetivo inflacionario de 17% que se impuso el Gobierno de Cambiemos está camino a ser superado ampliamente por la realidad. En este contexto, que Federico Sturzenegger, haya asegurado hace unas semanas que “si alguien quisiera que en julio no tuviéramos más inflación, se sabe qué hacer”, para muchos fue un chiste de mal gusto, más que una afirmación del Presidente del Banco Central de la República Argentina. Pero, ¿tiene razón?

Como pueden leer en la nota anterior, en la cual hablamos de cómo se genera el impuesto inflacionario y quiénes se benefician con su existencia, la inflación es una cuestión muy ligada a la cantidad de dinero que circula en la economía, y por lo tanto, depende de los políticos que definen la política monetaria que adopta el Banco Central. Pero esta política, en el caso de Argentina, debe poder balancear el déficit que dejó el kirchnerismo, ya que la emisión es una de las formas de financiar al Estado.

Una gran parte de los economistas piden que se resuelva rápido, mientras otros aceptan un gradualismo en el proceso.

¡SHOCK!

Por políticas de shock entendemos modificar una parte de la economía en un tiempo corto, que significa entre 4 y 6 meses. Para alcanzar el objetivo de bajar la inflación, el Banco Central debe recortar la cantidad de dinero circulando en la economía, con las diferentes opciones de mercado que tienen: colocando bonos, subiendo la tasa de interés y vendiendo moneda extranjera al mercado interno, como dólares.

Esta baja de “dinero en la calle”, genera que quienes suban el precio durante este período vean disminuidas sus ventas. Como el comerciante o empresario necesita seguir obteniendo ingresos para poder solventar sus gastos (alquiler del local, sueldo de los empleados, etc), tiene que enfrentarse a una dicotomía: si mantiene el alza, podría no llegar a cubrir el total de sus gastos, mientras que si las baja, ganará menos dinero por unidad, pero estaría recuperando el dinero que ya invirtió en mercadería. Al segundo mes, se vería obligado a bajar los precios para poder competir con los que se avivaron rápido, y volver a tener ingresos. Entonces, así como sus precios se re adaptaron a la nueva realidad, lo harán sus expectativas de inflación: no esperará más que suban los productos todos los meses.

Este mismo caso se repetiría en toda la economía, hasta que las personas puedan reorganizar sus gastos, lo que resultaría en una contracción del consumo por esos meses. Pero eso tampoco significa el fin de la inflación, porque ya existen contratos firmados que estipulan aumentos a lo largo de su duración, como sucede con muchos contratos de alquiler, y recién cuando se renueven van a tomar efecto las nuevas expectativas de las personas. Estos contratos existentes desencadenarían inercia inflacionaria, que sería una suba de precios a pesar que las expectativas sean cercanas a cero, o podrían llevar al cese de pagos de algunos agentes económicos, que no tendrían la capacidad de adaptarse rápidamente al nuevo panorama económico.

Para los economistas que respaldan las políticas de shock, la recesión provocada por este tiempo, es un costo necesario para normalizar la salud de la moneda y la economía del país, y así volver a crecer. Pero se olvidan que si hay menos consumo, podría haber recortes de personal, negocios que no pueden enfrentar el costo que conlleva esos meses con menores ventas, y la inexistencia de creación de emprendimientos, lo que se traduce en menos trabajo.

Y menos creación de trabajo, lleva a una parte de las personas por debajo de la línea de pobreza, momentáneamente, para acentuarse por la menor capacidad de adaptación que suelen tener las personas con menores ingresos.

Sí, Gradualismo

El segundo método, en contraposición, consiste en buscar que el Estado precise cada vez menos financiación por parte del Banco Central, que significaría que emita menos dinero. Al bajar gradualmente la emisión, se comienza a desacelerarse el alza de precios, pero también genera que el Estado precise financiar su déficit con otro mecanismo.

Si bien se puede aumentar los impuestos, es probable que aumente la informalidad de la economía, y baje la actividad económica debido a que algunos emprendimientos y negocios dejen de ser rentables por esta medida. En caso de tomar deuda, se estaría comprometiendo recaudación futura para el pago de intereses y capital. Pero también hay límites: nadie en su sano juicio le presta a quien tiene tantas deudas que no se puede saber si va a devolver el dinero alguna vez.

O se puede bajar el Gasto, en busca de un nuevo equilibrio fiscal, en el que no se ahogue al contribuyente actual ni futuro, y tampoco se esté acelerando la inflación con emisión. Cuanto más se baja el Gasto Público, más se podría achicar la emisión de dinero, y así, acelerar la normalización de la economía. 

El costo oculto del shock: el político

Cada vez que las políticas de shock fueron aplicadas en Latinoamérica existió un costo político que fue capitalizado por opositores. Incluso, en algunos casos, por los mismos causantes de los problemas económicos, como en el caso de Perú, donde el mismo Presidente que dejó el país con una hiper inflación en 1990, Alan García, volvió al poder en el 2006.

Para ganar adeptos, los opositores arman una campaña contra los que apliquen estas políticas, llamándolos de neoliberales, de derecha, insensibles sociales, asesinos de pobres, y cualquier otra forma de catalogación con mala imagen. Los medios amigos, o los que comparten esa visión, amplifican la situación diciendo que las personas están cada vez peor, sin importar si la medida se aplica pensando en el bienestar de las personas en el largo plazo. El Gobierno reformista debe enfrentar una imagen negativa provocada por esta campaña, que desencadena en una probable derrota del oficialismo en los siguientes comicios.

Si las reformas económicas fueran suficientes no habría ningún problema con que ese Gobierno pierda unas elecciones, pero la inflación es solo un síntoma más de la baja calidad institucional de un país: de la misma forma que el Banco Central no demuestra independencia y cede ante la presión del Poder Ejecutivo para imprimir más dinero de lo que precisa la economía para financiarlo, el Poder Judicial cede ante las presiones políticas para fallar en favor de lo que quieran los poderosos, se cobran impuestos excesivos y distorsivos, se ponen trabas para la libre competencia, se beneficia a las empresas de los amigos de los políticos, se confisca empresas o propiedades de las personas, se persigue y hasta espía al ciudadano y a la prensa, entre otros ejemplos. Estas acciones no hacen otra cosa que dañar las Instituciones de la República, al Estado de Derecho y, por lo tanto, a la credibilidad de un país entero; las consecuencias pueden ser incalculables.

Entonces nos enfrentamos a una dicotomía: no se puede priorizar resolver la inflación y sanear el Estado al mismo tiempo, porque implica tener mayores dificultades para hacer las reformas institucionales de fondo que son necesarias para no volver a tener un Gobierno que pise las Instituciones y Derechos Humanos.

No seamos inocentes: entre los responsables por la inflación y opositores a las reformas, hay personas que son sinceras y poseen convicción de haber hecho lo correcto. Pero es probable que fueron utilizados por otros que solo ven al Estado como un objetivo para ejercer el Poder, para beneficio personal, de sus familias y amigos, por tener acceso a las arcas del mismo. Con los primeros, debe existir un debate porque las diferencias son meramente de opinión e ideas. Con los segundos, la grieta es moral. Ellos harán lo posible para volver a apropiarse de lo ajeno, sin importar si eso ahoga un país entero, como sucede en Venezuela.

La difícil relación entre el tiempo y la política

Si solo se analizan los primeros 5 años desde la aplicación de las políticas de shock o gradualistas, es cierto que las segundas tienen un costo económico mayor, ya que se podría tener éxito antes con las primeras. Si se analizan períodos más largos de tiempo, en cambio, podemos ver que los países donde no ha habido reincidencias son aquellos que lograron hacer las reformas para mejorar la calidad institucional; no solo no reinciden, sino atraen empresas e inversiones, mejoran progresivamente las estadísticas de pobreza y educación, y hasta algunos alcanzan a tener períodos de crecimiento de décadas ininterrumpidas. Sí, la tasa de inflación tiene que ver con las reformas y el clima de inversiones necesario para alcanzar esto, pero nunca un inversor considerará la inflación antes que la seguridad jurídica de donde analiza invertir.

Pero no abrazar un método que permita ganar elecciones, lamentablemente, puede generar que en vez de solo prolongar un poco esta inflación, se reincida una y otra vez en las prácticas, hasta quitar 13 ceros a la moneda. Aceptar un gradualismo en el trato del problema de la inflación no significa no comprender su importancia, sino comprender la que tiene lograr tener instituciones sólidas, y mantenerlas en el tiempo.

A esto se refería el Presidente del Banco Central: existe un costo político que alguien debe estar dispuesto a pagar para que no exista más inflación en unos pocos meses, y qué significa adoptar un camino u otro.

En nuestro país, Cambiemos

Como bien puede inferir nuestro querido lector, en La Argentina estamos frente a esta situación. El Gobierno de Mauricio Macri eligió el método gradualista, porque cree en la capacidad de las personas para adaptarse, y así intentar mantener el valor de sus ahorros, mientras se intenta equilibrar la economía.

El shock, hubiera significado repetir errores que fueron catastróficos para las personas en nuestro país, teniendo una pérdida de valor de sus ahorros de 40% en un día, como sucedió en el año 2002 Eduardo Duhalde, y lo repitió como hit del verano Cristina Fernández en el 2014.

Estamos obligados a hablar de la pesada herencia que tuvo que enfrentar Cambiemos, con diversas crisis que azotan a los argentinos: sanitaria, alimentaria, de infraestructura, de transporte, energética, de educación y previsional. La administración anterior, también dejó un sistema de asistencia social que representa más del 50% del Presupuesto total del Estado, dejando poco margen de maniobra para hacer las obras necesarias para resolver los problemas urgentes. No resolverlos cuanto antes, podría significar la pérdida de vidas humanas por una nueva inundación en La Plata, volver a tener niños desnutridos en el Chaco, la imposibilidad de competir para una PyME del interior con los productos que vienen del exterior por el costo de transporte interno, la imposibilidad de producir por los cortes de luz y gas, peores resultados que los actuales en las pruebas PISA o jubilados que esperaron 15 años para cobrar lo que les correspondía después de aportar durante toda su vida mientras algunos solo esperaban que mueran para que no puedan cobrarlo.

Como dice un reconocido economista liberal, “el Gasto Público es flexible a la baja”, porque de a poco se encuentran gastos innecesarios en el Estado, y si se eliminaran todos ellos podría acelerarse la baja de inflación. Pero también es verdad que si no se solucionan las crisis que dejó el kirchnerismo, las consecuencias de ellas podrían ser irreversibles. El camino para solucionar estos problemas, y al mismo tiempo, equilibrar las cuentas públicas, es sinuoso y difícil, porque hacer reformas sustanciales al mismo tiempo, genera siempre oposición entre quienes tienen privilegios.

Sabiendo esto, la toma de deuda internacional para eliminar las urgencias con las obras necesarias, al menor costo posible, era el único camino viable. En este sentido, la llegada del Fondo Monetario Internacional a nuestro país no modifica la estrategia en absoluto porque se sigue priorizando resolver las crisis antes de hacer cambios más fuertes en lo económico.

Sin embargo, por más que podamos entender la ruta que estamos transitando, a veces nos vemos en la tentación de empezar a gritarle al chofer que apure ese motor de la baja del Gasto Público, inflación e impuestos.. Pero, al menos, podemos ver que el Gobierno de Mauricio Macri tiene el GPS prendido y los ojos en el camino, para llegar al destino que queremos.

Impuesto inflacionario: ¿a quiénes y por qué los beneficia?

Es probable que, si hiciéramos una encuesta o una consulta popular para saber si las personas quieren que se bajen sus impuestos, obtendríamos una amplia mayoría por el “SI”. Si consideramos que el dinero que no damos en impuestos al Estado, podemos guardarlo en nuestros bolsillos, todos coincidimos que pagamos más impuestos de los que quisiéramos. Entre los más rechazados por los contribuyentes podemos encontrar Ingresos Brutos, Bienes Personales, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al Cheque, Inmobiliario y tantos otros de los que sufrimos los 365 días, y 6 horas, del año. Sin embargo, existe un impuesto que escuchamos mencionar muchas veces, pero nadie explica: el impuesto inflacionario. Como no existe un ente que lo recauda, el contribuyente, que los paga religiosamente, no suele tomarlo en cuenta cuando considera su carga fiscal. ¿Inflación como impuesto? Para comprenderlo tenemos que saber primero cómo se genera el concepto de inflación. El dinero, como cualquier otro bien, está atado a la ley de oferta y demanda: cuanto más abunda, menos están dispuestos los consumidores a pagar, pero cuanto más escaso es un bien, más deseado es por las personas y están dispuestas a pagar un precio mayor. Para cualquier teoría acerca de la inflación, cuanto más dinero hay circulando en relación a su demanda, las personas ven que les sobra un poco de dinero, por lo que salen a comprar las cosas que más desean consumir, que quizá antes no podían. Esto genera que una parte de comerciantes se dé cuenta que si suben los precios, moderadamente, no disminuye la cantidad de bienes que ellos venden, por lo que podrían ganar más. Este “exceso de oferta de dinero” genera que el proceso que comienzan unos, se traslade de un rubro a otro, ya que donde aumenta el precio de la harina, necesariamente aumenta el precio del pan, y consecuentemente, el precio de la milanesa. A medida que suben los precios, las personas pueden comprar menos bienes, generando un ciclo económico, cuyo desenlace es que las cantidades vendidas en la economía sean prácticamente las mismas, pero la etiqueta de precio de cada producto vaya aumentando poco a poco. En el largo plazo, por lo tanto, lo único que genera la mayor cantidad de dinero circulante es este proceso de “actualización”, al que llamamos inflación. Tomemos el ejemplo de Juan, que en el año 2015 vendía el kilogramo de milanesas de carne a 100 pesos, y un año exacto después a 125 pesos. Podemos, entonces, decir que el precio de las milanesas aumentó 25%. Si la economía, en general, también acompañó ese aumento de precios, podemos concluir, que la economía aumentó sus precios, pero no sabemos si creció o no. Si en año 2015 vendió 1000 kg de milanesas, Juan facturó 100 mil pesos, y al siguiente facturó 125 mil pesos por la venta de ellas, podemos decir la cantidad de milanesas no cambió. No importa si Juan cree que es más rico que antes por haber facturado 25.000 pesos más… él no puede comprar más bienes que un año antes con el mismo trabajo. Las personas pueden intentar contrarrestar la inflación buscando mantener su poder de compra, usando su dinero para algo que le devuelva una ganancia. Las más comunes son invertir en plazos fijos, otras monedas (usualmente, dólares), en la bolsa y bienes para vender especulando en que su precio subirá. Pero esto genera una problemática: en un país donde la economía en negro representa una porción significativa, existe una parte importante de la sociedad que no puede acceder legalmente al sistema financiero o bancario. Al mismo tiempo, son las mismas personas que suelen tener menos información y educación financiera para poder estar a la vanguardia de las de las “expectativas racionales”, que no es otra cosa que un término económico para llamar a la capacidad de las personas de mirar a su alrededor y adaptarse a los cambios que suceden en la economía. Entonces, muchos solo pueden ahorrar bajo el colchón, o buscar formas de perder menos ante la inflación, pero perder al fin, y aceptar que a medida que pasan los meses se vaya perdiendo progresivamente el poder de compra de su dinero. La consecuencia es clara: estas personas no tienen ningún incentivo para ahorrar o invertir. ¿Por qué existe? Si bien es difícil comprender qué es lo que generaría que alguien quiera que los ahorros de cada uno valga menos, el proceso es creado por personas, ya que hay quienes no pierden con la inflación. Para terminar de comprender el proceso completo, es necesario también diferenciar los aumentos y los beneficios en cada sector. El aumento de precio de un producto no significa que toda la economía subió al mismo nivel. Si, por ejemplo, las milanesas de carne aumentaron 25% en un año, eso no significa que la inflación de cada producto de la economía fue de 25%, porque es probable que algunos aumentaron menos, y otros más. La inflación informada toma en cuenta una amplia canasta de productos diversos que son comunes en la economía. Que algunos que aumenten más que el resto, significa que hay algunos productos que “ganan”, y por lo tanto, hay sectores que están siendo beneficiados con la inestabilidad de precios. Los productos que no pierden contra la inflación, suelen ser aquellos que son más necesarios para las personas, o los que están más arraigados en la cultura, como las ya mencionadas milanesas de carne para nuestro país. También puede suceder que no existan productos o servicios que logren reemplazar a los originales, por lo que la demanda está cautiva de ellos. Y por otro lado, puede suceder que las personas se van adaptando a la inflación a diferentes velocidades, ya que no es la misma información financiera y económica, ni su capacidad de procesarla, que cuenta un ama de casa, un comerciante, un taxista, el Ministro de Finanzas o el gerente de un banco. De cualquier manera, puede resumirse en que siempre hay tres grupos que se benefician por todo este proceso. Beneficiario 1: financiar a algunos Si el Estado gasta más que lo que ingresa a través de impuestos, debe financiarlo de alguna forma: por un aumento de impuestos, emisión de deuda o emisión de dinero (justamente, imprimir billetes de más para la economía). Si el Gobierno decide subir los impuestos, no solo puede generar que ciertos negocios ya no sean rentables, sino que además existe la posibilidad de incentivar el mercado informal, que no los paga, y así la recaudación podría incluso bajar, además del costo político que esto conlleva por estar subiendo impuestos. Si, en cambio, se pide prestado al exterior, como al Fondo Monetario Internacional, se promete pagar esta deuda y sus intereses a través de la recaudación de impuestos futuros, lo que podría significar subir los impuestos, que tiene un costo político alto. Cabe destacar que financiar proyectos específicos con deuda puede ayudar a solucionar problemas urgentes, lo que podría justificar el pago de esos intereses. Por último, la emisión monetaria, tiene un costo político prácticamente nulo, porque las personas en general no están mirando cuánto dinero hay nuevo en la economía, sino que incluso tienen la impresión que “hay más dinero en la calle”. Es por esto que algunos políticos eligen esta forma de financiar los excesos de Gastos que hace el Estado: al usar este dinero discrecionalmente, pueden comprar voluntades que se traducirán en votos, y al mismo tiempo, pueden asegurar que ellos son responsables gestores por la bonanza económica que produce más dinero que antes, para que las personas puedan gastar más… pero ya hablamos de cómo termina esto. Beneficiario 2: el poder de la negociación En un contexto de inflación las personas empiezan a pedir aumentos de salarios para poder comprar las mismas cosas que antes, pero, para una gran parte de la economía, no suceden a través del arte de magia sino a través de paritarias. En ellas, se sientan el Gobierno, el gremio (en representación de los trabajadores) y la cámara empresaria del mismo sector, intentando encontrar un equilibrio para el aumento que no ahogue la economía. Lo que raramente se dice, sin embargo, es que los representantes de grandes gremios y empresas tienen mayor capacidad de negociación que los pequeños. Los empresarios pueden pedir trato preferencial con el gobierno por el tamaño que representan en la economía, y los gremios pueden presionar con paros generales o protestas, por lo que es improbable que salgan de una reunión con un desenlace que no les sea favorable. Cabe resaltar que algunos políticos también son beneficiados porque venden que gracias a su excelente gestión existe el incremento salarial. Podemos resumir el proceso en la siguiente premisa: la inflación concentra el poder. Los perdedores son los trabajadores, los pequeños gremios, los pequeños empresarios y, por supuesto, los políticos opositores que no pueden adjudicarse los aumentos como sí los oficialistas. Beneficiario 3: en el caos, algunos prevalecen Las personas con más información financiera pueden intentar estar un paso adelante que el resto sabiendo dónde invertir, dónde no, qué productos subirán sus precios, si conviene comprar bonos o acciones, entre otras opciones. La falta de certidumbre va haciendo cotizar el miedo en las personas, y reaccionan refugiándose en lo que creen seguro: en Argentina, el dólar. Pero éste, en general, no hace ganar a las personas dinero, sino que apenas mantiene el valor real de sus ahorros. Mientras que, en Argentina, durante el año 2017 el dólar subió alrededor de 24%, que es un valor cercano a la inflación, los plazos fijos devolvieron al usuario cerca de 28% y los Fondos de Inversión de tasa mixta (que incluyen bonos, acciones y monedas) promediaron el 46%. La diferencia entre tener educación financiera y no tenerla significa resignar al menos 18% de las posibles ganancias sobre el dinero invertido, que es la diferencia entre el plazo fijo tradicional y lo que pagan los Fondos de Inversión mencionados. Pero si intentamos encontrar inversiones con ese nivel de ganancias, de bajo riesgo, en una economía sin inflación, fallaríamos reiteradamente. Es por esto que podemos inferir que las personas con mayor educación financiera no tendrían estos beneficios extraordinarios en un contexto diferente al que tenemos. Los beneficiados de siempre En conclusión, resta solo sumar factores: los beneficiarios son los grandes políticos, los grandes gremialistas y las personas con mayor educación financiera, que suelen ser los ricos. Los de siempre. Esto no significa que todos los políticos, gremialistas y ricos sean malos, sino que muchos son víctimas de un sistema corrupto pensado para estafar sistemáticamente al ciudadano, sin tener capacidad u opción de modificarlo. ¿Y los perjudicados? ¡Adivinaron! El resto de los ciudadanos. Son ellos los que deben presionar para que la inflación baje, porque atenta contra la capacidad de ahorro y planificación de cada uno. Sin esta presión no sucederá porque existen algunos con mucho poder que prefieren este sistema que los beneficia, a uno en el que las personas se den cuenta que alguien está sacándole todos los meses un poco de sus bolsillos para poner un poco más en los propios.

Achicar el empleo público, ¿a cualquier costo?

El Gobierno de Mauricio Macri dio un nuevo en su compromiso por bajar el Gasto Público, a través de un programa de Retiros Voluntarios de empleados estatales. El Decreto 263/2018 fue diseñado por el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, en conjunto con su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, para cumplir el mandato del Presidente de gastar menos, administrar mejor y bajar impuestos, haciendo más eficiente el Estado.

Desde el mismo Ministerio de Modernización afirman que esta medida significará el retiro voluntario de entre tres y cinco mil empleados públicos. Sin embargo, el Ministro de Modernización Nacional, hace poco aseguró que, desde su dependencia, se está “promocionando el desarrollo de la carrera pública, para que los argentinos tengan un Estado que esté manejado por profesionales, por concurso, basado en el mérito, para que funcione adecuadamente”. Ante este tipo de declaraciones, uno debe preguntarse si el objetivo que plantea el Decreto está en concordancia con lo que Andrés Ibarra sostuvo.

Podríamos centrarnos en discutir ciertos vacíos legales que estarían formándose por el Decreto firmado por el Presidente, como la falta de un componente de género (no, ¡en serio! En el artículo 1, 3 y 4), la arbitrariedad de la edad (artículo 1, 3 y 4), o la arbitrariedad de los tiempos de antigüedad (artículo 5). Sin embargo, es el debate de fondo el que no debemos eludir: ¿qué significa el decreto? ¿Es este el camino correcto para alcanzar el objetivo propuesto por el Ministro? ¿Quiénes son los que tomarán este retiro, y por qué?

Jubilación anticipada para algunos

Para las personas entre 60 y 70 años, este decreto probablemente será utilizado para empalmar estos años de retiro, con el trámite de jubilación, por lo que, en términos prácticos, significa una jubilación anticipada, pero con 100% de movilidad en su sueldo por 24 o 36 meses. Pero la ganancia que existe para el Estado, de este sistema, es meramente estadística: el sueldo de esta persona, dejará de salir de los impuestos pagados por los contribuyentes, para empezar a salir de los aportes… también pagados por los contribuyentes. Por lo tanto, el retiro de estas personas, no ayuda a resolver el problema de fondo, que es el exceso de empleo público, el exceso de Gasto Público, el tamaño del Estado y la carga fiscal que deben afrontar los ciudadanos.

Retiro Voluntario para otros

En el artículo 1º, inciso C, vemos el grupo que más nos importa discutir: personas que tienen menos de 60 años. Los requisitos para acceder son: tener 2 años o más en la entidad o jurisdicción del Estado. Aquellos que decidan aceptar este Retiro Voluntario, cobrarán una suma equivalente a una cantidad de sueldos en el momento de la aplicación, y luego cuotas del 70% de su sueldo por hasta 24 meses, ambas partes dependiendo de su antigüedad. Por lo tanto, en términos prácticos, sirve como un sobre sueldo por si pasa a trabajar para una empresa, o bien, una ayuda por si quiere formar su propio emprendimiento. Si bien, en una primera instancia, suena un buen camino para reducir empleo público, rápidamente se borra la sonrisa cuando debemos preguntarnos quiénes son los que serán tentados por esto. La respuesta no los sorprenderá: no será el pequeño porcentaje que que el ciudadano común cree que son parásitos, sin preparación, que no ayudan a hacer más eficiente el Estado, ni solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, que gana más que lo que cree que podría ganar en una empresa. Sino, en cambio, serán los que creen que no tendrán dificultades para adaptarse al ámbito privado, con sueldos similares, o incluso superiores porque las empresas podrían pelearse por contratar a estas personas capacitadas, mejor preparados y con mérito. ¡Qué casualidad! ¡Son los mismos que Andrés Ibarra pretende que se queden en el Estado, para que funcione adecuadamente!

Empleo estatal para el resto

Aquellos que no tomen el Retiro Voluntario, siendo empleados públicos en el ámbito Nacional, no necesariamente son no preparados, sin mérito ni parásitos. Pero hay una parte de los empleados públicos, que pretenden tener asegurado su trabajo en el Estado solo por el hecho de haber entrado en un momento determinado, con la complicidad de los sindicatos que cuidan a sus afiliados para que no se queden sin sus aportes. Digo, aportantes. Son estos los que son una carga para el contribuyente, sin ayudar a tener el Estado que ayude al ciudadano.

Los planes de Retiro Voluntario, no deben estar centrados en quienes podrían ayudar a este proceso de profesionalizar el empleo público, sino en aquellos que se creen con derecho de recibir un sueldo sin tener que rendir cuentas a los contribuyentes de sus tareas, o el tiempo que debería dedicar a ayudar a hacer entre todos un país mejor, con menos impuestos y más eficiente, como quiere tener el Presidente de la Nación.

Propuesta

Ante esta situación, en la que el Retiro Voluntario propuesto, está centrado en quienes están en condiciones de adaptarse, propongo que equiparemos las oportunidades. Con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda, podría lanzarse un plan de créditos blandos y subsidiados para empleados estatales, además del retiro voluntario, para que el empleado público que tenga una idea o emprendimiento, pueda tener un período de adaptación más suave. Con este objetivo, deberían presentar un proyecto para pedir el crédito, que tendrían  aprobado. Para esto, el Ministerio de Educación debe capacitar por un tiempo a las personas que tomarán esta ruta con lo que es llamado habilidades blandas, y cuestiones básicas de contabilidad, para ayudar a que la persona pueda solventar su idea. Por último, el Ministerio de Seguridad Social, puede hacer un seguimiento de las personas y sus emprendimientos, asesorándolos durante los dos primeros años, buscando el éxito de dicho emprendimiento. Esta vía, no solo ayudaría a achicar el Estado, sino también a crear empleo y tener una cultura emprendedora en las personas.

Al mismo tiempo, las personas que estarían tomando la jubilación anticipada, en su lugar podrían ayudar a capacitar a estas personas que quieran tomar este retiro voluntario para emprender, y así no tener personas totalmente inactivas e improductivas.

Creo que los pasos que marcó nuestro Presidente, son los correctos. Sí considero que achicar el Estado, debe hacerse de forma inteligente y focalizada, para alcanzar el cambio lo que tantos argentinos queremos, para tener el país que tantos argentinos soñamos.

Educación confesional y el costo de la legislación incompleta

En un fallo histórico, por lo que representa para los defensores de la Libertad religiosa, después de 10 años, la Corte Suprema de Justicia resolvió que en Salta no puede impartirse educación religiosa en las escuelas públicas en el horario escolar, y como parte del plan de estudios, como venía haciéndose hasta este ciclo lectivo.  

Actualmente, la Ley Provincial 7.546 de Salta dispone que la enseñanza religiosa se imparte de manera obligatoria, en clara contraposición a lo que establecen la Constitución Nacional en el artículo 14, y la Convención sobre los Derechos del Niño, también en el artículo 14, que entregan los derechos de la educación religiosa a los padres, y establecen que el individuo tiene derecho de profesar libremente su culto, sin que otro sea impuesto. Cabe preguntarnos por qué surgió esta problemática, ya que todos creemos saber que la enseñanza en nuestro país es común, obligatoria, graduada, gratuita y laica, por la famosa Ley 1420. Esta Ley de Educación Común, de hace más de 130 años, formó un consenso entre conservadores y liberales, alrededor del artículo 8, que establecía que “la enseñanza religiosa sólo podría ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase”. Pero los proyectos que fueron sancionadas reemplazando a la ley que promulgó el Presidente Julio Argentino Roca, si bien mantienen el espíritu laico, no regulan de forma explícita la enseñanza de religión en las escuelas públicas, generando el vacío legal actual.

En el caso de la Provincia de Salta, podemos asegurar que no fue solo la Ley salteña que generó controversias, sino que la aplicación de la normativa también dividió las aguas, alcanzando al máximo Tribunal de la Nación. La Disposición nº 45 de la Dirección de Educación Primaria de la provincia, prevé que al comienzo del año lectivo, los establecimientos educativos envíen un cuestionario a los padres de los alumnos, que contiene preguntas como si están de acuerdo con que el alumno reciba educación confesional, y cuál es el credo que desean que se enseñe a sus hijos. Si bien las intenciones parecen ser nobles, en el ámbito escolar la situación vivida por los alumnos dista de lo buscado, ya que en muchas de las escuelas de Salta, solo se enseña y practica la catequesis de un solo culto: el Católico Apostólico Romano. Esto lleva a una situación en la que el alumno, por profesar una religión diferente a lo que la mayoría, puede quedarse en el aula porque no existan otras opciones curriculares, o incluso para no sentirse diferente de sus pares. Por otro lado, también existe una falta al derecho de fundamental a la privacidad de cada persona, ya que la obligan a revelar sus creencias religiosas.

En un fallo tan importante, la Corte Suprema resolvió que cuando una norma admite una lectura que pone a un sector de la población en una situación de inferioridad respecto de un grupo determinado, se debe invalidar la norma, porque de lo contrario, la discriminación será repetida, ya que la norma en sí misma es la causante de la desigualdad. También consideró que dentro del sistema educativo público de la Provincia de Salta, existen patrones sistemáticos de trato desigual hacia grupos religiosos minoritarios, o hacia los no creyentes. Por último, argumentó que el credo es absolutamente personal, propio de la intimidad de cada persona, por la que no se debe permitir la coerción para revelarlo.

Es importante reconocer los aciertos del Poder Judicial, que ayudan a construir el país que tanto los fundadores, como la gran mayoría de los argentinos, queremos, ya que este fallo servirá de jurisprudencia ante conflictos futuros, en los que la libertad religiosa sea puesta en jaque. Sin embargo, me pregunto por qué tuvieron que pasar 10 años desde la aplicación de la normativa, discriminaciones, formularios, años de litigio, diferentes instancias judiciales y audiencias públicas, por una normativa que solo generó un trato desigual entre los salteños, cuando un trabajo más exhaustivo en la redacción del proyecto de parte de los Diputados y Senadores, podría haber evitado el conflicto, al incluir un artículo que regule las condiciones en las que se puede brindar educación confesional en las escuelas, como lo establecía el famoso artículo 8, de la Ley Nacional 1420, de Educación Común, por la que tanto trabajó Domingo Faustino Sarmiento.

Salta y el eterno debate por la educación, entre conservadores católicos y liberales

El 31 de agosto finalizaron las audiencias públicas realizadas a pedido de la Corte Suprema de la Nación, ordenadas para debatir la instrucción confesional en las escuelas públicas de Salta. En dicha provincia, la Ley Provincial 7.546, dispone que la enseñanza religiosa se imparte de manera obligatoria. En la espera que el tribunal resuelva, propongo que hagamos el ejercicio de analizar la cuestión.

En concordancia con el espíritu de una Democracia Liberal pensada para nuestro país por Alberdi, el artículo 14 de la Constitución Nacional, reconoce que todos los habitantes de la Nación tienen derecho de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Pareciera que la Constitución es clara acerca de la naturaleza de la educación que sus autores consideraban mejor para los chicos, dejando en evidencia la intención de no imponer ideas o culto alguno. Casualmente, el artículo también 14, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en el año 1990, establece que los Estados firmantes respetarán los derechos y deberes de los padres, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, conforme a la evolución de sus facultades. Hasta que el niño esté en uso de sus facultades para poder discernir y comprender sus derechos, entonces, son los padres los que deben elegir qué ideas, religión y moral enseñarle.

La ley 1420, de Educación Común, del año 1884, que hemos estudiado en Historia Argentina durante nuestro paso por la enseñanza primaria, es quizás una de las leyes más relevantes de nuestra historia, por el arduo debate que precedió a ella. Durante el Congreso Pedagógico Nacional, que se realizó dos años antes de la ley, se logró consensuar que la ley que los Legisladores debían tratar, se construya con cuatro pilares: común, obligatoria, graduada y gratuita. Sin embargo, no hubo acuerdo posible en uno de los puntos cruciales del futuro de la enseñanza de nuestro país: la confesión. Esa diferencia entre liberales y conservadores católicos, se trasladó también al Congreso de la Nación. Sí, la ley 1420 que promulgó el Presidente Julio Argentino Roca, era de espíritu laico. Pero el consenso se formó en torno al artículo 8 de la ley, indicaba que “la enseñanza religiosa sólo podría ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase”. En “cristiano”: que no se imparta religión en horario de clase. Esta forma de redacción, buscaba salvaguardar el contenido de enseñanza que era considerado esencial, y mostraba que no había ningún problema que la educación religiosa se haga fuera de horario, incluso utilizando las instalaciones de la Escuela Pública. Por supuesto, esto no era bienvenido por la Iglesia Católica porque menguaba su influencia en la formación de las personas, pero aceptaron el espíritu de la tolerancia de la ley.

Volviendo a nuestra Salta, la linda, los defensores de la Ley Provincial 7.546, alegan que existe una dificultad de parte de los padres para dar la educación religiosa que ellos pretenden para sus hijos, y el Estado provincial tiene potestad de resolver esa dificultad. Además, se ofrece la posibilidad a los alumnos cuyos padres prefieran que no tengan educación religiosa, hagan otra actividad en el módulo de enseñanza. Pero si entendemos que la problemática con la educación religiosa, no es una cuestión del lugar, la cualidad de ser común a todos los alumnos y el contenido que debe priorizarse durante el horario de clase, comprenderemos que la solución propuesta por el Estado de Salta, no solo incumple la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Constitución Nacional, sino que también es una solución no óptima para los alumnos, porque dejan de recibir educación que es prioritaria, como matemática, ciencias o educación cívica.

Podríamos cerrar el análisis ahora, pero estaríamos cayendo en el temible mundo de la simplificación, y creer que la teoría no posee diferencias a la práctica, cuando existen otras formas de malear las leyes para el agrado de algunos.

La Ley vigente de Educación Nacional, 26.206, sancionada en diciembre del 2006, en el artículo 65 delega a cada jurisdicción la asignación de subsidios a establecimientos privados, basado en “criterios objetivos de justicia social”. Sin embargo, un estudio hecho por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicado en abril del 2011, cuenta cómo los reiterados pedidos de información pública realizados al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de obtener con qué criterios se distribuyen los recursos públicos entre las escuelas de gestión privada, se toparon con una pared de negativas, o se remiten a la página web del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el que la información no está disponible. Sí tuvieron acceso al sistema de montos máximos y porcentaje de subsidios habilitados a cobrar en las escuelas de gestión privada, y considerando los valores de aranceles extraprogramáticos que están habilitadas a sumar a sus aranceles programáticos, existía en el 2011 la posibilidad de estar subsidiando colegios con cuotas igual al salario mínimo vital y móvil de ese entonces. En aquel entonces, el 63% de los establecimientos subsidiados, pertenecían a la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, que suelen ser de mayor poder adquisitivo. Al mismo tiempo, el aporte total a ellos, superaba en un 38% a los aportes que recibían los establecimientos educativos pertenecientes a distritos escolares del sur de la Ciudad, entre los que se destaca el Distrito Escolar 21, que consiste en Villa Lugano y Villa Riachuelo, que es el que menos recibe.

No nos equivoquemos: el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es el malo de la película. Estos problemas pueden rastrearse en todos los distritos de nuestro país. La falta de información acerca de los criterios de distribución de los subsidios, y el análisis de la distribución, abre las puertas a la posibilidad de estar frente un espacio de discrecionalidad en la utilización de las arcas públicas. ¿Un político de turno, podría elegir qué establecimientos reciben mayores beneficios y cuáles menores, dependiendo de si coincide o no con una idea? ¿O bien, decidir que para bajar la cuota del establecimiento al que van sus hijos, quiere subsidiarlo con los impuestos de todos? Por sobre esto, el problema se agranda cuando agregamos la premisa que muchas escuelas de gestión privada, son confesionales, y en su mayoría, católicas. Pero también, hay de enseñanza de otras religiones, como las escuelas ORT, que está entre los establecimientos que mayores subsidios reciben.

En sintonía con esto, cabe preguntarnos algunas cosas. ¿Existe la posibilidad que estos subsidios sean utilizados, por las personas con capacidad de decisión en el Ministerio de Educación, con el objetivo de hacer proselitismo religioso? ¿Tenemos información suficiente para descartar esa descabellada idea? ¿Sería correcto, utilizar el dinero de los contribuyentes para fines confesionales, sin que exista transparencia acerca cómo se utiliza el dinero, o que sus representantes en el Poder Legislativo decidan los criterios a utilizar?

Considerando que el mayor beneficiado en este caso es el catolicismo, pareciera que todo queda saldado al recordar que el artículo 2 de Constitución Nacional de la República Argentina, que establece que el Gobierno Federal sostiene este culto. Cabe resaltar que la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es la religión oficial de nuestro país, sino que ésta debe ser “sostenida” económicamente por el Estado Nacional. La práctica indica que el dinero que recibe por este “sostenimiento” la Iglesia de Francisco I, es muy bajo en comparación al presupuesto anual que maneja. ¿Pero es, acaso, una cuestión de cuánto dinero es, o el porcentaje del Presupuesto Nacional que representa?

Si el espíritu de la Constitución Nacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley de Educación Nacional, apunta a fomentar la educación libre de una visión religiosa, y que sean los padres quienes dedican en los primeros años de vida, si quieren impartir o no una visión religiosa, ¿por qué el Estado debería tener siquiera la capacidad de hacer proselitismo religioso financiado por los impuestos de todos? ¿Debería no discriminarse entre las contribuciones de todos los credos, de todas las situaciones económicas, y ser destinadas a seguir sosteniendo el Culto Católico en nuestro país?

Si reflexionamos acerca del proceso por el cual fue creada la Ley 1420, comprenderemos que la situación en la Provincia de Salta, no es nueva. Nuestro país, ya vivió este debate, y en ese momento, decidió que la forma de proceder, era establecer el artículo 8, buscando la tolerancia. Esto en ningún momento negaba la importancia de la religión en la vida de los ciudadanos, ni su derecho a una enseñanza religiosa, pero establecía cómo debía impartirse, si se querían utilizar los establecimientos públicos. Pero quedarse ahí, sería simplificar nuevamente las problemáticas. O ignorarlas.

Hace 135 años, existió uno de los más calientes y extensos debates de nuestra historia democrática, que fue la base para la Ley 1420, por la que soñó por décadas Domingo Faustino Sarmiento, basándose en los siguientes pilares: escuela pública, común, obligatoria, gratuita y tolerante. Es tiempo de un nuevo debate, en el que se trate cómo será la educación en el futuro, bajo esos principios en los que construyeron los grandes actores de la historia argentina.

Hacia un país sin populismo

Es probable que si hiciéramos una encuesta o una consulta popular, para saber si las personas quieren que se bajen sus impuestos, obtendría una amplia mayoría el “SI”.

Sin embargo, habría planteos de algunos sectores, como por ejemplo, a quiénes afectan más los impuestos; si efectivamente los impuestos altos ayudan a subsidiar a los pobres y mejorar su estilo de vida, o si es solo una ilusión, o cuál es el óptimo de impuestos a lo que debe apuntarse: Diez por ciento? Veinte? Treinta? Cuarenta? Pero más compleja es la pregunta de: qué recortamos? En cuánto tiempo podemos recortar eso? Aplicamos política de shock, o gradualismo?

No es secreto que una amplia mayoría de economistas, cree que las políticas de shock son más efectivas. Pero he aquí lo que nos compete hoy: ¿puede ser que esas políticas hayan creado las condiciones para el crecimiento del populismo en Sudamérica?

La reincidencia

El plan Real en Brasil fue un éxito bajo cualquier análisis posible. Pasó de una inflación por encima del 40% mensual, a 3% durante el segundo semestre de 1993. Con este plan económico como estandarte, Henrique Cardoso es elegido Presidente en 1994, y reelecto en 1998. Pero en el 2002 ganó Lula, quien en los siguientes 8 años, fue ahorcando a la gallina de los huevos de oro cada vez un poco más, y dejando el poder con una carga fiscal todavía sostenible. La caja fue utilizada con fines electorales, pagando el “bolsa familia”, obra pública, entre otras cosas.

Pero Dilma, terminó de dilapidar el plan de Cardozo, generando una estanflación que cualquier economista serio podría haber predicho.

El caso de Perú, es quizás más llamativo: en 1990, después de 5 años de presidencia de Alan García con políticas de expansión monetaria en Perú, el equipo del recientemente electo, Fujimori, anunció el plan de shock económico con las famosas palabras “Que Dios nos ayude”, buscando eliminar la híper inflación que había heredado. El Inti, la moneda peruana, no valía nada. El plan económico de shock impulsado, logró que un año más tarde, la inflación fuera prácticamente inexistente. Luego de 11 años, a Fujimori lo sucedió Alejandro Toledo, en el 2001, que aplicó políticas de apertura económica, baja impositiva y respeto por las instituciones. Sin embargo, durante su presidencia tuvo momentos con 8% de aprobación según las encuestas, y pasó por una crisis muy fuerte de gobernabilidad. Alcanzó con más pena que gloria el final de su mandato, en el 2006, para tener que entregarle la presidencia nada más, y nada menos, que a Alan García. Sí, el mismo que generó la hiperinflación y colapsó la economía y la moneda.

En nuestro país, salimos de una hiperinflación por el plan de convertibilidad. Se buscó bajar el altísimo gasto que se tenía en el Estado, privatizando las empresas estatales que además de ser deficitarias y tenían un exceso de empleados, también eran extremadamente ineficientes e ineficaces. La población en ese momento, estuvo de acuerdo con gran parte de las medidas tomadas. Incluso, fue un gobierno peronista el que tomó esas medidas tan poco populares si las pensamos hoy. El plan fue un éxito, a pesar de tener sus grandes fallas: las concesiones para exportar mercados al comprar las empresas estatales, debían ser de 5 años de exclusividad. Sin embargo, esta medida no fue levantada. A pesar de todo, a grandes rasgos, se aplicó estas medidas de shock. En 1999 se votó un cambio de formas, ya que era conocida la corrupción de Carlos Saúl, pero la Alianza no prosperó, y se encontró con una grave crisis de representatividad tan solo 2 años después, al grito  “Que se vayan todos”. Conocemos esta historia: no se fueron todos. En las elecciones del 2003, entraron 2 peronistas al ballotage, y La Argentina volvió a caer en el peronismo y populismo. Cabe resaltar que nada más y nada menos, el que ganó la Primera Vuelta Electoral, fue el Senador Carlos Saúl Menem, con una imagen negativa de 68% para ese entonces.

Vamos encontrando un patrón: la efectividad de la política de shock es indiscutida… económicamente.

Cada vez que sale un gobierno populista del poder, sin un plan de largo plazo, viene después uno no populista, que se encarga de hacer las reformas necesarias para que no colapse el país en default, déficit enorme, y otros males económicos.

Pero este cortoplacismo por corregir las desviaciones del mercado y el mal accionar de los políticos de turno, cuando usan la caja del Estado para solo pensar en ganar votos, no ha tenido el efecto deseado en Sudamérica. El populismo, vuelve. Electoralmente. En algunos casos, más de una vez. El costo social y económico de las crisis provocadas por esta reincidencia al populismo es incalculable. Debemos ser conscientes que no acompañar los cambios económicos con un cambio cultural, es probable que nos dirija nuevamente a este populismo.

¿Reformas no populares?

Nunca un monopolio va a estar contento de tener que competir, por lo que siempre habrá quienes estén contra cambios que introduzcan mayor competencia, si ellos se ven beneficiados porque ésta no exista. Parece obvio, pero no lo es cuando son sectores grandes de la economía los que hacen este lobby y se victimizan ante la opinión pública. Puede suceder con gremios, empresas con acuerdos con un gobierno, “proteccionismo”, y otras formas de distorsiones. Es natural que estas personas y empresas intenten cuidar su propia gallina de los huevos de oro haciendo todo lo posible por mantener sus ganancias extraordinarias o beneficios. Intentar reformar todos estos sectores con intereses económicos al mismo tiempo, genera un lobby que podría desencadenar en conflictividad, paros generales, y otras formas de presión, quizás hasta desestabilizando la gobernabilidad.

Sin embargo también existe otro grupo que se encuentra expectante de las reformas propuestas, que no se ve afectado directamente por ellas, con mayor o menor impacto en la opinión pública. Pero no debemos olvidar, que muchas reformas posibles sí las afectan indirectamente: por ejemplo, bajar el gasto público, reducir el déficit o aumentar la eficiencia del Estado, puede usarse para bajar impuestos, y esto sí puede afectarlos. Si la comunicación acompaña, estas reformas propuestas podrían incluso gozar de popularidad.

Queda claro, entonces, que no puede reformarse todo al mismo tiempo, y que la comunicación a los sectores que son beneficiados indirectamente por los cambios, es prioritario. Comenzar las reformas por los sectores que mayor impacto tienen en las arcas del Estado parece ser lo natural, buscando no crispar a más de uno al mismo tiempo, ya que como bien sabemos, los sectores conflictivos (léase kirchneristas, gremialistas alineados con el anterior gobierno y organizaciones sociales), se sumarán a cualquier reclamo que exista. Por lo tanto, es necesario que los cambios económicos sean contemporáneos a otros culturales, en los que las personas dejen de elegir ese populismo.

Cambio económico, y cultural

La Argentina, así como lo países de la región, se han enfrentado en varias ocasiones a una disyuntiva muy importante: crecer a tasas chinas, con la posibilidad de una crisis una vez por década (empíricamente hablando), o crecer a tasas europeas de entre el 1 y 2 % anual, pero esto claramente no es tan apetecible electoralmente, porque no puede venderse como el milagro generado por el político de turno. Hasta ahora, nuestro país ha elegido una y otra vez el exitismo del político que puede mostrar cualquier esbozo del milagro alemán. No es solo en la elección de políticas que debe cambiar nuestro país, sino también en su elección de largo plazo. Para esto, las personas deben comprender que la riqueza la generan las personas, con su trabajo, y no los políticos.

No todo lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos hasta la fecha fue perfecto; no hay gobiernos perfectos. Pero queda claro que los objetivos en el corto y mediano plazo, son cambiar el paradigma de La República Argentina, donde el peronismo es el único que puede terminar los gobiernos. La receta del shock hace que vuelva ese populismo que tanto mal le hace al país. ¿Queremos a Wado de Pedro Ministro? ¿Máximo Kirchner Presidente? ¿Ottavis en cualquier lado? ¿A Cabandié bancándose ser embajador?

John Maynard Keynes aseguró que la economía era como un motor: es necesario una chispa para arrancarla. De la misma forma, algunos piensan que los problemas económicos son como una enfermedad, que debe ser curada: una muela picada, o un cáncer, que hay que extirpar cuanto antes. Pero se olvidan que la economía no es un motor, ni los problemas económicos son una enfermedad. La economía, y la política, son personas. Detrás de cada acción, de cada patrón o estadística, hay personas con nombre y apellido: madres, padres, hijos, hermanos, que sufren ante las malas decisiones que se toman desde la cúpula política, y quieren ser libres para decidir sobre sus vidas. La economía, es orgánica.

Pero necesitamos que los cambios puedan mantenerse en el tiempo, y eso se traduce en victorias electorales. No nos olvidemos: no hay cambio sin las personas. Sin ellas, volveremos a cometer, como país, los errores pasados. Con ellas, podremos decir que realmente #Cambiamos.

Menos Venezuela, Más Argentina

Un amigo cercano participó durante el año 2012 de un seminario sobre derechos humanos en Alemania, y tuvo la desgracia de verse obligado a tener que exponer acerca de la situación de nuestro país. Considerando que asistían a dicho encuentro personas de lugares conflictivos como Palestina o Libia, él tuvo miedo de parecer poco importante, por lo que su expectativa se limitó a pensar que pasaría sin pena ni gloria; él habló por media hora acerca del reciente instalado cepo cambiario, la ley de medios, los sobreprecios de la obra pública, la inflación, las mentiras del INDEC y mencionó al final la valija de Antonini. Nada fue más alejado de la realidad: el representante de Libia, con la Primavera Árabe como antecedente meses atrás, se acercó después de finalizar, para comentarle lo preocupado que había quedado con la situación de La Argentina. Sí, señores: los atropellos y abusos que sufrimos en este país, preocuparon a alguien que recientemente tuvo enfrentamientos con derramamiento de sangre.

Quizás es posible resumir los últimos 12 años de política internacional en algunos escándalos que hemos tenido. En primer lugar, los ojos del mundo se posaron sobre la Argentina el 12 de octubre de 2012, cuando el buque escuela de la armada, la Fragata Libertad, fue retenido en el puerto de Acra, Ghana, por pedido de los tenedores de deuda defaulteada argentina, también bautizados “fondos buitres” por el relato kirchnerista. Ellos solicitaron la retención del buque con el objetivo de negociar el cobro de papeles de deuda que no habían entrado en el canje del año 2001. El conflicto generó un clima de tensión entre los gobiernos de ambos Estados, que se acusaban mutuamente de incumplir el derecho internacional. Finalmente, tras dos meses de arduas negociaciones e intervenciones de la ONU la fragata pudo volver a nuestro país, pero no sin antes quedar expuesta internacionalmente, hasta ser mencionado el caso por medios de alcance mundial, como hasta ser parodiado por diferentes medios de Estados Unidos, Brasil, Francia y Reino Unido.

El otro caso que denota a la perfección el manejo de las relaciones exteriores durante los 12 años de kirchnerismo es el de la causa AMIA, y el posterior desenlace de hechos que culminó con la aparición del cuerpo sin vida del fiscal de la nación Alberto Nisman, a solo horas de la hora pautada para exponer pruebas en el Congreso de la Nación. Luego de más de 10 investigaciones, el gobierno de Cristina Fernández decide firmar un memorándum de común entendimiento con la República Islámica de Irán, en donde se establecía que los sospechosos del atentado iban a ser juzgados por una corte iraní. A raíz de esto, el fiscal Nisman realizó una investigación en la que se probaba el encubrimiento de los sospechosos del atentado por parte de algunas figuras de las altas esferas del poder kirchnerista, salpicando a la misma Cristina Kirchner, el canciller Timerman, Luis D'Elía o Fernando Esteche. La muerte del fiscal trajo consigo un sin fin de teorías y acusaciones cruzadas. Desde el kirchnerismo se hizo todo lo posible para ridiculizar la figura del fiscal y entorpecer la investigación sobre su muerte, y al mismo tiempo que el mundo se horrorizaba por su muerte, el kirchnerismo insistía en demonizar y ridiculizarlo. El ámbito internacional no fue indiferente: los diarios del mundo publicaron acerca de ello, mientras que por algunos meses, el resonar del eco a “argentino” fue “Nisman”, para toda charla con un extranjero.

Podríamos continuar con diversos papelones o conflictos que hemos tenido, pero no haríamos justicia al tiempo del lector: ya podemos concluir que la calificación del mundo desarrollado durante estos años, fue en el mejor de los casos, regular. Y los índices, tampoco ayudaron.

No fue sorpresa que en el día de ayer el primer presidente afro americano de Estados Unidos, de esquiva agenda para la ex presidente, se anime a decir públicamente en la CNN en español "A la presidenta (Cristina) Fernández yo la veía a menudo en los eventos del G20 o similares. Teníamos una relación cordial, pero en lo que respecta a sus políticas, sus políticas de gobierno eran siempre antiestadounidenses. Creo que ella recurría a una retórica que data probablemente de los años 60 y 70 y no a la actualidad", haciendo público lo que siempre fue gritado en voz baja: La Argentina no era confiable para las potencias. Sin embargo, existió un giro en la visión de este presidente: visitará nuestro país de forma histórica, siendo la primera vez que en la gira que realiza alguien con este cargo, sólo visitará nuestro país de Sudamérica, entre el 23 y 24 de marzo.

Pero éste no fue un caso aislado: nuestro país fue el tema para hablar en el foro económico de Davos, en el que las políticas económicas que seguiría el nuevo gobierno fueron seguidas con gran atención por los concurrentes, tanto empresarios como emisarios políticos. La prensa también hizo eco que Macri haya concurrido al foro con el principal líder de la oposición, hito que marcaba con creces el cambio de rumbo que se está dando en nuestra política.

Esto nos trae al presente: en tan solo 100 días de gobierno se ha retirado el cepo cambiario, se aprobó la media sanción en la Cámara de Diputados para que el país salga del default, se ha comenzado a investigar la corrupción del gobierno anterior, se bajaron impuestos clave para lograr una mayor producción de la economía, y principalmente, hemos consolidado un ambiente de diálogo tanto internamente, como externamente. Por supuesto, puede haber errores y hay desafíos a los que aún no nos hemos enfrentado en este proceso hacia la “normalidad”, pero así como el ya citado Barack Obama fue un símbolo a nivel mundial acerca de la posibilidad de un cambio, con el slogan “Yes we can”, nuestro país sin siquiera proponérselo, ha logrado en tan pocos meses, que el proceso de cambio que hemos comenzado sea no solo reconocido por algunos países, sino hasta envidiado con el slogan en las protestas del domingo pasado en Brasil, mostrando algunos sorpresivos carteles: Menos Venezuela, más Argentina.

El camino de este período presidencial recién comienza, y no escasearán los desafíos en estos años. Pero si quienes hace unos años nos tenían lástima, en solo unos meses pueden tomarnos como ejemplo de un cambio, no nos equivocarnos al afirmar que estamos en el sendero correcto.

En busca de libertad

En nuestro país hemos comenzado una serie de cambios desde el 10 de diciembre, que nos están llevando hacia la normalidad. Eso incluye económicos, sociales, contractuales, políticos y muchos otros que trascienden lo que siquiera se planteó en la campaña.Una de las problemáticas más duras que estamos enfrentando en el ámbito económico, es la inflación, que es un fenómeno social y económico. Si bien existen muchas teorías acerca de ella, una sus causas es un punto de encuentro para todos: el exceso de moneda circulante, causado por la impresión desmedida (en criollo, se imprimieron billetes de más) presiona a que los precios suban lentamente. Pero analizar cómo combatirla, ya es una epopeya hasta para los más galardonados economistas.

En primera instancia debe disminuirse la emisión de billetes. Parece una obviedad, pero más de uno se sorprendería al analizar las acciones que se toman en el mundo, y ver eso no se hace en muchos casos. El motivo es que el Estado queda sin una herramienta con la que pagar obligaciones adquiridas, por lo que sería necesario buscar otras fuentes de financiamiento o bien, bajar el gasto. Pero seamos claros: el gobierno de Cristina Fernández, dejó un déficit del 7% del PBI, sin contar otras obligaciones. Esto equivale a un mínimo de 35 mil millones de dólares, pero quedan muchas áreas por auditarse, y este monto podría subir. El gobierno está recurriendo a ambos caminos; por un lado buscando que las personas produzcan más, y por lo tanto, teniendo que pagar impuestos por esa vía, a pesar que han bajado impuestos en varios rubros, y por el otro, desvinculando contratos de personas que no trabajaban realmente en el Estado, cerrando dependencias, achicando organigramas, eliminando subsidios, y hasta parando obras por licitaciones de dudosa legalidad, o sobreprecios. Esto debería alcanzar para comenzar a equilibrar las cuentas públicas hacia el mediano plazo.

Pero la inflación es un monstruo complejo, en el que las medidas milagrosas no existen. Las expectativas de las personas hacia la inflación, han generado una indexación de todos los bienes a ello. Por ejemplo, existen contratos que estipulan subas a través del tiempo del mismo, como muchos de inmuebles, y por lo tanto las personas tendrán que cumplirlos a pesar que implican una presión mayor en los bolsillos de los ciudadanos. De no poder hacerlo, podríamos presenciar un enorme problema. Al encontrarnos con este panorama sombrío, el único camino viable es bajar gradualmente la inflación, con las paritarias indexadas. Mientras tanto, el gobierno se centrará en generar trabajo, aumentar la productividad, y especialmente, dar el marco de estabilidad institucional, legal, económico y social para que las personas puedan llevar a cabo sus emprendimientos.

Pero existen otras problemáticas que serán necesarias resolver para lograr el objetivo planteado. Desde que hubo un ganador del ballotage, hasta el día del cierre del cepo cambiario, la expectativa de los comerciantes y empresas, fue que el valor del dólar iba a dispararse hasta los 16 o 17 pesos, como mínimo, y ante el miedo a perder dinero, subieron los precios de sus productos a niveles que eran injustificados desde cualquier punto de vista, incluso oferta y demanda. Claramente, esto tuvo consecuencias: las empresas vendieron menos productos y los comerciantes presenciaron su época navideña de vacas flacas, por lo que muchos retrotrajeron nuevamente los precios, pero con limitaciones. Algunos, y menos que el aumento. Quiero dejar muy en claro que los comerciantes no son los culpables por la inflación, sino apenas un síntoma más.

Esto nos trae a la problemática actual: el Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, anunció que se pedirá que las empresas (no PyMEs) que venden productos de forma minorista, publiquen los precios de los productos en internet, para así lograr mayor transparencia y seguimiento de los precios, y en caso de no hacerlo, o mentir en la publicación, se aplicaría una multa a la empresa. Esto ha generado revuelo en algunos sectores intelectuales, ya que alegan que atenta contra el espíritu del libre mercado, y síntoma de un Estado omnipresente, que quiere tener todo bajo su control. Incluso algunos llegaron a decir que este gobierno es kirchnerismo con otro color, menos choris y Tan Biónica.

Disiento totalmente, y pretendo explicar mis razones, Por un lado, la información está muy dispersa en todos los individuos, por lo que es imposible que nadie logre acumular toda esa información y tomar decisiones para planificar la economía. Esta es la premisa básica que usó durante toda su vida como economista, Friedrich von Hayek, premio nobel de economía y uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca. Esta corriente de pensamiento ha siempre mantenido la premisa que los individuos son quienes mejor saben cómo utilizar su propio dinero, ya que nadie mejor que ellos para saber qué es importante para sus vidas, y por lo tanto no precisan que un Estado paternalista les diga o "sugiera" cómo deben usar el dinero.

Por el otro lado, tenemos que comprender cómo se generan los precios de los productos que compramos todos los ciudadanos. Una gran parte de los precios, se manejan por la ley de oferta y demanda. Pero la realidad es un poco más compleja que esto, ya que la gran mayoría de los actores de la economía son pequeños, y no tienen la capacidad de hacer estudios de mercado para saber la elasticidad precio de sus diferentes productos (en criollo: si ganarían más o menos en general, subiendo o  bajando el precio de un producto). Estos actores pequeños, que pueden ser almacenes, el chino, la pizzería o la panadería del barrio, miran principalmente dos factores para hacer el cálculo de a qué precio vender:
1) Cubre los costos (tanto el producto, como la instalación por tenerlo en stock, el sueldo de los empleados, el costo de los servicios necesarios, y deja una ganancia no menor al 15%.
2) ¿A cuánto lo está vendiendo el supermercado grande, como Coto, Carrefour, Disco, o la cadena de pizzerías?
Considerando estos factores, sabrá si puede venderse a un precio más alto, o si directamente no le conviene comerciar el producto.
Debido a esto, nos encontramos con el panorama aterrador de tener que decir que los kirchneristas en algo tenían razón: existen quienes sí son formadores de precios, gracias al punto 2. Estas grandes empresas, sí pueden hacer uso de los conocimientos de la ley de oferta y demanda para maximizar su ganancia y por lo tanto, dar máxima eficiencia a la economía, pero al especular sí pueden generar una cadena de aumentos de toda la economía, ya que tienen influencia en cómo los demás generan sus precios. Eso no significa regularlos, o hacer acuerdos de precios como hizo el kirchnerismo.

Lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri con esta medida, es intentar que los precios sean una información pública, para que los consumidores tengan mejor acceso a ella. De esta forma, los individuos son quienes mejor sabrán cómo utilizar su propio dinero, ya que nadie mejor que ellos para saber qué es importante para sus vidas, y por lo tanto no precisan que un Estado paternalista les diga o "sugiera" cómo deben usar su dinero. Siendo pública, estas grandes empresas tendrán un desincentivo a subir los precios a menos que sean necesarios. Pareciera una obviedad que no tengan incentivos a subirlos, ya que podría significar menos ventas, pero lamentablemente no es algo lineal. Existe una práctica muy común en el ámbito comercial, que es utilizar la confusión de precios y la falta de estabilidad, para subir el precio de algunos productos, para luego bajarlo por una oferta, y así poder anunciar que el descuento es en realidad muy mayor al que originalmente debería. Esto está basado en un fenómeno socio económico, que indica que las personas tienden a comprar más si ven carteles con rebajas mayores. Esta clase de práctica podría ser expuesta fácilmente si los precios son públicos, como se pretende, con solo hacer un pequeño historial de precios de la misma empresa, o bien, comparando los precios del producto en diferentes firmas.

En un país ideal esta clase de medidas no serían necesarias, ya que el en primera instancia es el ciudadano quien decidiría libremente, y penalizaría personalmente o en común acuerdo con sus allegados a quienes no publican los precios de una forma que a ellos les sirve. Y por esto mismo, no serían necesarias las multas a quienes no cumplen con la normativa. Pero he aquí la la cuestión: sabiendo que no estamos en un país ideal, ¿es este el mayor grado de libertad para las personas que podemos lograr? ¿No existe un abuso de parte de algunos actores económicos, a la falta de información de las personas? Los comercios se aprovechan del costo oportunidad de las personas, cobrando por algunos productos precios muy mayores al del mercado ya que el ciudadano no quiere perder tiempo en ir a otro lugar otro lugar para comprar un producto que se encuentre muy caro donde está, o bien, el ciudadano no tiene la información como para saber si existe otro comercio donde lo que busca sea más económico. Por lo tanto, yo considero que la libertad es que cada uno pueda decidir dónde comprar, pero también es que pueda hacerlo antes de ya estar perdiendo el tiempo en ir hasta el lugar. Y si bien las personas deberían ser quienes presionen para que esos cambios existan, esto no sucede. Este no es un mundo ideal: estamos en una argentina donde te penalizan si querés pagar con tarjeta de crédito, por más que lo hagas en un solo pago; donde te cobran 35 pesos de servicio de mesa por ponerte dos panes mediocres, sin mantel; donde muchos lugares no aceptan ni siquiera tarjetas de débito, para no tener que hacer todas las transacciones en blanco; donde se da de baja un servicio, y 3 meses después, siguen debitando de la tarjeta de crédito. Seamos claros: hay un factor cultural que debe modificarse, que no se va a lograr de un día para el otro, con libre mercado. Eso es teoría.

Tenemos que preguntarnos cómo vamos a alcanzar mayor libertad para los individuos, Por mi parte, coincido con Mauricio Rojas: "el ejercicio real de la libertad exige condiciones que tienen que ver con el acceso a ciertos recursos y seguridades básicas, sin las cuales la libertad queda reducida a una pura promesa incumplida". Define en su trabajo que para una persona que es libre para leer todos los libros, es una broma de mal gusto, si nunca aprendió a leer. El principio es el mismo: no seremos realmente libres, si no podemos acceder a la información. A pesar que exija ciertas obligaciones para ciertos actores económicos, es hora de alcanzar un mayor grado de libertad para todos, con información pública y libre.

Cambiemos... ¿o cambien?

Si uno conversa con las personas, de casi cualquier realidad socio económica y cultural, la gran mayoría coincidiría con la siguiente premisa: “Los políticos son unos ladrones y una porquería”, como si fuera una máxima bajo la que rige la realidad argentina. Hay quienes consideran que esto no es representativo de la sociedad, pero… ¿es relevante si la realidad es diferente? ¿Acaso la sola percepción de dicho dogma no genera por sí misma una paralización de las personas para con cualquier actividad o motus político, como si fuera “una sensación de inseguridad”? Me tomaré el atrevimiento de describir algunos de estos preconceptos, y las consecuencias en las personas.

Frustración ante la falta de meritocracia

Los procesos de selección para tanto puestos que deberían ser por trayectoria, como políticos, en gran parte dependen de los contactos que tengan las personas; el amiguismo. Ese proceso contabiliza tantos casos, que prácticamente todas las personas conocen de haber conseguido trabajo o puestos por tráfico de influencias. Eso no implica no seleccionar a quién uno quiere para un puesto, pero sí implica dar oportunidades iguales en caso de no presentarse ante la necesidad de plena confianza del empleador por la calidad del material que se maneje. Ésto genera una clara reacción negativa ante el mercado laboral y un descreimiento de las capacidades y buenas intenciones de las personas hacia quienes tienen puestos de relevancia. Lo único que afecta ésto, es la expectativa que tienen las personas de bajos recursos en alcanzar la clase media, ya que consideran que sin contactos, no podrán llegar, y por una realidad socio cultural, no suelen tener acceso a ellos.


“No hacen nada”

La percepción que existe ante las obras públicas y calidad de la gestión en las diferentes áreas, lleva a que la mayoría de las personas descrea que los políticos están para servir al ciudadano. Sucede que usualmente se está por detrás de las necesidades de las personas; la provincia se inunda, después de muchos años en los que se prometen obras y la percepción de las personas, es que los políticos están prometiendo sin llegar a hacer lo necesario, y bien tantos otros ejemplos en los que el accionar del Estado no alcanza el nivel que es necesario para que las tragedias no sucedan.

Falta de divisiones reales entre los partidos políticos

Las discusiones políticas deberían tener muchos matices, que suelen darse donde realmente la población está comprometida con mejorar el país, pero en los países donde falta compromiso, tiende a haber una polarización entre dos partidos, o un oficialismo y una oposición. En democracias que podrías llamar más avanzadas, debido a una mayor satisfacción de la población con el sistema de representatividad y representantes, suele haber congresos moderados donde la discusión ideológica queda de lado, para pasar a tener discusiones procurando el mejor proyecto de ley posible, o bien, la gestión del dinero en pos de servicios al ciudadano. Eso no significa que sean democracias perfectas, pero los matices de ideología suelen ser representadas con una mayor independencia de cada fuerza con bancas. Este mismo análisis traído a la realidad Argentina, nos presenta un panorama que a simple vista es esperanzador, ya que existen muchos bloques diferentes dentro del Congreso. Pero no se dejen engañar: la mayor parte de dichos bloques, han votado en conjunto con el oficialismo la mayoría de las leyes. Incluso, muchos consideran que esto sucede a cambio de dinero, favores, inmunidad, contratos, o simplemente, poder.

Clientelismo y sistema electoral

Casi todos coincidimos que es inhumano dejar que alguien muera de hambre, y que es responsabilidad de todos preocuparnos porque eso no suceda, y la mayoría coincidiríamos que el Estado puede ser una herramienta para facilitar esa trabajosa tarea. También coincidiríamos que el Estado debe asegurarse el acceso a la educación básica, de forma que todos los ciudadanos tengan las herramientas para expresarse, pensar por sí mismos y desarrollarse. Y por supuesto, también coincidiríamos que el acceso a la salud pública primaria es necesario para también salvaguardar la vida de las personas, cuando están en peligro. Y nuevamente, para cuidar la vida de los ciudadanos, también es necesario que el Estado cumpla con otras funciones, como la seguridad, la Justicia, y la creación de leyes.

El problema existe cuando el Estado utiliza dichas herramientas para dar privilegios a unos, o castigos a otros; una discriminación para quienes piensan como uno, o diferente. Y hemos llegado a tal nivel de conocimiento de estos casos, que una parte de la sociedad cree que los planes sociales únicamente los reciben quienes son adictos al gobierno de turno, sin tomar en cuenta que muchas familias que reciben esa ayuda, realmente la necesitan.

Sin embargo, tendré que ser duro: ese sistema clientelar, no es otra cosa que lo que dicta la ley de oferta y demanda. Si hay quienes quieran comprar votos, habrá interesados en venderlos por algún precio. Y en contra de todo lo que muchos puedan llegar a opinar desde una posición ética, lo que hacen TIENE SENTIDO.

Quien vende su voto está recibiendo algo tangible a cambio de la perpetuación de un sistema que les brinda algo a cambio, mientras que la mayoría de los cambios que otros proponen, no ofrecen nada que las personas puedan oler, tocar o comer en el día de hoy, sino que prometen estabilidad y trabajo a futuro. ¿Qué incentivo tendría esa persona para cambiar un sistema que le entrega algo, para uno que no le entrega nada con seguridad? Por el lado de los compradores de votos, ellos se aseguran que exista una perpetuación del sistema, privilegios para ellos, y sin ningún tipo de consecuencias: aún nadie perdió en La Argentina una elección como voto castigo por este tipo de acciones clientelares, ni tampoco hubo nadie juzgado por malversación de fondos públicos, por lo que no existen incentivos para que dejen de hacerlo.

Si quieren, puedo explicarlo en términos teóricos que si bien son altamente complejos, quienes los comprendan podrán captar la genialidad del razonamiento detrás de las decisiones de quienes son partícipes de esto: es un caso de “viveza criolla”.

¿Existen diferencias, entonces, entre unos y otros políticos?

Sí. Y muchas. Pero eso no significa que siempre sean relevantes para la población, ya que si hacemos una breve encuesta en la calle, o hablamos con algún señor en un bar (donde las verdaderas opiniones de valor suceden), nos encontraremos que ya tienen una posición cocinada acerca de los políticos: son todos corruptos. Si uno intenta que se hagan excepciones, nos encontramos con un panorama sombrío pero real: casi ningún porteño puede nombrar a sus comuneros (siendo 7), o siquiera 10 de los 60 legisladores, o bien, 20 diputados o 10 senadores. Y quien no puede nombrar, no puede conocer, y mucho menos diferenciar. Y lo mismo sucederá con cada distrito electoral del país, donde se pregunte por sus concejales, diputados provinciales o nacionales, y senadores.

Eso no significa que a las personas no les interese el país, o sus distritos. Simplemente, nadie que trabaje, estudie, tenga una familia y no se esté dedicando a la política, tiene tiempo para realmente interiorizarse en cada aspecto que se trata, sino que eligen informarse por medios de comunicación que simplemente, seleccionan lo que consideran que generará más lectores o más rédito para el medio que se publique. Creanme, no suele estar en el top 10 la discusión sobre si aceptar o no la construcción de un puente o cómo se está usando el presupuesto en educación, a menos, que haya un escándalo. ¿Es acaso, entonces, culpa de los medios de comunicación? En absoluto. Sus clientes siempre pueden optar por mirar otros medios. El problema, me temo, es el cliente. Sí, usted. El problema es que las personas están casi desesperadas por juzgar a todos los políticos por igual, y por lo tanto, eligen no informarse al respecto. El problema es no embarrarse y querer saber qué necesitan las personas, en vez de juzgarlas como responsables del sistema clientelar. El problema es que incluso cuando muchos apoyan un eslogan como “Cambiemos”, ellos pretenden que quienes cambien sean los políticos, pero no ellos.

¿Hay, entonces, políticos coherentes? ¿Hay quienes trabajan por mejorar el estándar de vida de los ciudadanos, sin importar si son oficialistas u opositores? ¿Hay quienes denuncian los atropellos a las instituciones? ¿Hay quienes utilizan a la Constitución Nacional como estandarte? Sí. Los hay. No me corresponde juzgar si son honestos o no… pero sí puedo decir que los ciudadanos de las ciudades donde gobierna Cambiemos, han mejorado su estilo de vida. Ya no se inundan como antes, los tiempos de viaje se han acortado, y se han mejorado los espacios verdes de los vecinos, y acercado la gestión hacia ellos. Sin importar qué ideología puede decirse que son, existen quienes han hecho de su gestión una ideología.

Pero se equivocan si cree que eso es suficiente para ganar el 25 de octubre. Este cambio necesita ser cultural: necesita de quienes creemos en la meritocracia, e incluso de quienes subieron puestos sin merecerlos; de quienes ven qué se hace, y de quienes no lo ven. Este cambio necesita que te involucres y veas cómo vota cada diputado y cada senador de tu distrito, y le pidas explicaciones por las veces que votó en contra de los intereses de las personas de tu provincia. Este cambio necesita que incluso los políticos que se han ido reciclando, trabajen de la mejor manera posible por el país. Este cambio necesita de quienes toman en serio las necesidades humanas, y la importancia de la salud y la educación de cada uno, con nombre y apellido, sin tratarlos como si fueran un número de documento más que tiene que votar. Este cambio necesita de quienes pueden ayudar a otros a desarrollarse mejor. Este cambio necesita de todos aquellos que deseamos un cambio: bomberos, policías, médicos, gasistas, amas de casa, desempleados, economistas, vendedores ambulantes y grandes comerciantes, pasteleros, obreros, Testigos de Jehová, estudiantes. Todos.

Pero todo cambio necesita un punto de quiebre. Ese punto en el que uno decide dar un paso en una dirección, y no volver atrás. Ese punto en el que alguien decide dejar de fumar; en el que se decide casarse o bien decide salir a vivir solo, lejos de sus padres. El punto en el que uno se la juega en una inversión, corriendo el riesgo de perder pero también sabiendo que se puede ganar. Ese punto de quiebre, está llegando; y será cuando tengamos que salir todos los argentinos a cuidar los votos, para que el cambio sea posible. Ese 25 de octubre, ¿dónde querés estar? ¿Entre los que quieren construir el cambio decidiendo ese día no volver a la vieja política, o entre los que creen que el cambio tienen que hacerlo los otros?

Cambiemos. Juntos. Todos.