Inflación: #Cambiemos gradualmente, pero más rápido

Como todos sabemos, el objetivo inflacionario de 17% que se impuso el Gobierno de Cambiemos está camino a ser superado ampliamente por la realidad. En este contexto, que Federico Sturzenegger, haya asegurado hace unas semanas que “si alguien quisiera que en julio no tuviéramos más inflación, se sabe qué hacer”, para muchos fue un chiste de mal gusto, más que una afirmación del Presidente del Banco Central de la República Argentina. Pero, ¿tiene razón?

Como pueden leer en la nota anterior, en la cual hablamos de cómo se genera el impuesto inflacionario y quiénes se benefician con su existencia, la inflación es una cuestión muy ligada a la cantidad de dinero que circula en la economía, y por lo tanto, depende de los políticos que definen la política monetaria que adopta el Banco Central. Pero esta política, en el caso de Argentina, debe poder balancear el déficit que dejó el kirchnerismo, ya que la emisión es una de las formas de financiar al Estado.

Una gran parte de los economistas piden que se resuelva rápido, mientras otros aceptan un gradualismo en el proceso.

¡SHOCK!

Por políticas de shock entendemos modificar una parte de la economía en un tiempo corto, que significa entre 4 y 6 meses. Para alcanzar el objetivo de bajar la inflación, el Banco Central debe recortar la cantidad de dinero circulando en la economía, con las diferentes opciones de mercado que tienen: colocando bonos, subiendo la tasa de interés y vendiendo moneda extranjera al mercado interno, como dólares.

Esta baja de “dinero en la calle”, genera que quienes suban el precio durante este período vean disminuidas sus ventas. Como el comerciante o empresario necesita seguir obteniendo ingresos para poder solventar sus gastos (alquiler del local, sueldo de los empleados, etc), tiene que enfrentarse a una dicotomía: si mantiene el alza, podría no llegar a cubrir el total de sus gastos, mientras que si las baja, ganará menos dinero por unidad, pero estaría recuperando el dinero que ya invirtió en mercadería. Al segundo mes, se vería obligado a bajar los precios para poder competir con los que se avivaron rápido, y volver a tener ingresos. Entonces, así como sus precios se re adaptaron a la nueva realidad, lo harán sus expectativas de inflación: no esperará más que suban los productos todos los meses.

Este mismo caso se repetiría en toda la economía, hasta que las personas puedan reorganizar sus gastos, lo que resultaría en una contracción del consumo por esos meses. Pero eso tampoco significa el fin de la inflación, porque ya existen contratos firmados que estipulan aumentos a lo largo de su duración, como sucede con muchos contratos de alquiler, y recién cuando se renueven van a tomar efecto las nuevas expectativas de las personas. Estos contratos existentes desencadenarían inercia inflacionaria, que sería una suba de precios a pesar que las expectativas sean cercanas a cero, o podrían llevar al cese de pagos de algunos agentes económicos, que no tendrían la capacidad de adaptarse rápidamente al nuevo panorama económico.

Para los economistas que respaldan las políticas de shock, la recesión provocada por este tiempo, es un costo necesario para normalizar la salud de la moneda y la economía del país, y así volver a crecer. Pero se olvidan que si hay menos consumo, podría haber recortes de personal, negocios que no pueden enfrentar el costo que conlleva esos meses con menores ventas, y la inexistencia de creación de emprendimientos, lo que se traduce en menos trabajo.

Y menos creación de trabajo, lleva a una parte de las personas por debajo de la línea de pobreza, momentáneamente, para acentuarse por la menor capacidad de adaptación que suelen tener las personas con menores ingresos.

Sí, Gradualismo

El segundo método, en contraposición, consiste en buscar que el Estado precise cada vez menos financiación por parte del Banco Central, que significaría que emita menos dinero. Al bajar gradualmente la emisión, se comienza a desacelerarse el alza de precios, pero también genera que el Estado precise financiar su déficit con otro mecanismo.

Si bien se puede aumentar los impuestos, es probable que aumente la informalidad de la economía, y baje la actividad económica debido a que algunos emprendimientos y negocios dejen de ser rentables por esta medida. En caso de tomar deuda, se estaría comprometiendo recaudación futura para el pago de intereses y capital. Pero también hay límites: nadie en su sano juicio le presta a quien tiene tantas deudas que no se puede saber si va a devolver el dinero alguna vez.

O se puede bajar el Gasto, en busca de un nuevo equilibrio fiscal, en el que no se ahogue al contribuyente actual ni futuro, y tampoco se esté acelerando la inflación con emisión. Cuanto más se baja el Gasto Público, más se podría achicar la emisión de dinero, y así, acelerar la normalización de la economía. 

El costo oculto del shock: el político

Cada vez que las políticas de shock fueron aplicadas en Latinoamérica existió un costo político que fue capitalizado por opositores. Incluso, en algunos casos, por los mismos causantes de los problemas económicos, como en el caso de Perú, donde el mismo Presidente que dejó el país con una hiper inflación en 1990, Alan García, volvió al poder en el 2006.

Para ganar adeptos, los opositores arman una campaña contra los que apliquen estas políticas, llamándolos de neoliberales, de derecha, insensibles sociales, asesinos de pobres, y cualquier otra forma de catalogación con mala imagen. Los medios amigos, o los que comparten esa visión, amplifican la situación diciendo que las personas están cada vez peor, sin importar si la medida se aplica pensando en el bienestar de las personas en el largo plazo. El Gobierno reformista debe enfrentar una imagen negativa provocada por esta campaña, que desencadena en una probable derrota del oficialismo en los siguientes comicios.

Si las reformas económicas fueran suficientes no habría ningún problema con que ese Gobierno pierda unas elecciones, pero la inflación es solo un síntoma más de la baja calidad institucional de un país: de la misma forma que el Banco Central no demuestra independencia y cede ante la presión del Poder Ejecutivo para imprimir más dinero de lo que precisa la economía para financiarlo, el Poder Judicial cede ante las presiones políticas para fallar en favor de lo que quieran los poderosos, se cobran impuestos excesivos y distorsivos, se ponen trabas para la libre competencia, se beneficia a las empresas de los amigos de los políticos, se confisca empresas o propiedades de las personas, se persigue y hasta espía al ciudadano y a la prensa, entre otros ejemplos. Estas acciones no hacen otra cosa que dañar las Instituciones de la República, al Estado de Derecho y, por lo tanto, a la credibilidad de un país entero; las consecuencias pueden ser incalculables.

Entonces nos enfrentamos a una dicotomía: no se puede priorizar resolver la inflación y sanear el Estado al mismo tiempo, porque implica tener mayores dificultades para hacer las reformas institucionales de fondo que son necesarias para no volver a tener un Gobierno que pise las Instituciones y Derechos Humanos.

No seamos inocentes: entre los responsables por la inflación y opositores a las reformas, hay personas que son sinceras y poseen convicción de haber hecho lo correcto. Pero es probable que fueron utilizados por otros que solo ven al Estado como un objetivo para ejercer el Poder, para beneficio personal, de sus familias y amigos, por tener acceso a las arcas del mismo. Con los primeros, debe existir un debate porque las diferencias son meramente de opinión e ideas. Con los segundos, la grieta es moral. Ellos harán lo posible para volver a apropiarse de lo ajeno, sin importar si eso ahoga un país entero, como sucede en Venezuela.

La difícil relación entre el tiempo y la política

Si solo se analizan los primeros 5 años desde la aplicación de las políticas de shock o gradualistas, es cierto que las segundas tienen un costo económico mayor, ya que se podría tener éxito antes con las primeras. Si se analizan períodos más largos de tiempo, en cambio, podemos ver que los países donde no ha habido reincidencias son aquellos que lograron hacer las reformas para mejorar la calidad institucional; no solo no reinciden, sino atraen empresas e inversiones, mejoran progresivamente las estadísticas de pobreza y educación, y hasta algunos alcanzan a tener períodos de crecimiento de décadas ininterrumpidas. Sí, la tasa de inflación tiene que ver con las reformas y el clima de inversiones necesario para alcanzar esto, pero nunca un inversor considerará la inflación antes que la seguridad jurídica de donde analiza invertir.

Pero no abrazar un método que permita ganar elecciones, lamentablemente, puede generar que en vez de solo prolongar un poco esta inflación, se reincida una y otra vez en las prácticas, hasta quitar 13 ceros a la moneda. Aceptar un gradualismo en el trato del problema de la inflación no significa no comprender su importancia, sino comprender la que tiene lograr tener instituciones sólidas, y mantenerlas en el tiempo.

A esto se refería el Presidente del Banco Central: existe un costo político que alguien debe estar dispuesto a pagar para que no exista más inflación en unos pocos meses, y qué significa adoptar un camino u otro.

En nuestro país, Cambiemos

Como bien puede inferir nuestro querido lector, en La Argentina estamos frente a esta situación. El Gobierno de Mauricio Macri eligió el método gradualista, porque cree en la capacidad de las personas para adaptarse, y así intentar mantener el valor de sus ahorros, mientras se intenta equilibrar la economía.

El shock, hubiera significado repetir errores que fueron catastróficos para las personas en nuestro país, teniendo una pérdida de valor de sus ahorros de 40% en un día, como sucedió en el año 2002 Eduardo Duhalde, y lo repitió como hit del verano Cristina Fernández en el 2014.

Estamos obligados a hablar de la pesada herencia que tuvo que enfrentar Cambiemos, con diversas crisis que azotan a los argentinos: sanitaria, alimentaria, de infraestructura, de transporte, energética, de educación y previsional. La administración anterior, también dejó un sistema de asistencia social que representa más del 50% del Presupuesto total del Estado, dejando poco margen de maniobra para hacer las obras necesarias para resolver los problemas urgentes. No resolverlos cuanto antes, podría significar la pérdida de vidas humanas por una nueva inundación en La Plata, volver a tener niños desnutridos en el Chaco, la imposibilidad de competir para una PyME del interior con los productos que vienen del exterior por el costo de transporte interno, la imposibilidad de producir por los cortes de luz y gas, peores resultados que los actuales en las pruebas PISA o jubilados que esperaron 15 años para cobrar lo que les correspondía después de aportar durante toda su vida mientras algunos solo esperaban que mueran para que no puedan cobrarlo.

Como dice un reconocido economista liberal, “el Gasto Público es flexible a la baja”, porque de a poco se encuentran gastos innecesarios en el Estado, y si se eliminaran todos ellos podría acelerarse la baja de inflación. Pero también es verdad que si no se solucionan las crisis que dejó el kirchnerismo, las consecuencias de ellas podrían ser irreversibles. El camino para solucionar estos problemas, y al mismo tiempo, equilibrar las cuentas públicas, es sinuoso y difícil, porque hacer reformas sustanciales al mismo tiempo, genera siempre oposición entre quienes tienen privilegios.

Sabiendo esto, la toma de deuda internacional para eliminar las urgencias con las obras necesarias, al menor costo posible, era el único camino viable. En este sentido, la llegada del Fondo Monetario Internacional a nuestro país no modifica la estrategia en absoluto porque se sigue priorizando resolver las crisis antes de hacer cambios más fuertes en lo económico.

Sin embargo, por más que podamos entender la ruta que estamos transitando, a veces nos vemos en la tentación de empezar a gritarle al chofer que apure ese motor de la baja del Gasto Público, inflación e impuestos.. Pero, al menos, podemos ver que el Gobierno de Mauricio Macri tiene el GPS prendido y los ojos en el camino, para llegar al destino que queremos.

Impuesto inflacionario: ¿a quiénes y por qué los beneficia?

Es probable que, si hiciéramos una encuesta o una consulta popular para saber si las personas quieren que se bajen sus impuestos, obtendríamos una amplia mayoría por el “SI”. Si consideramos que el dinero que no damos en impuestos al Estado, podemos guardarlo en nuestros bolsillos, todos coincidimos que pagamos más impuestos de los que quisiéramos. Entre los más rechazados por los contribuyentes podemos encontrar Ingresos Brutos, Bienes Personales, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al Cheque, Inmobiliario y tantos otros de los que sufrimos los 365 días, y 6 horas, del año. Sin embargo, existe un impuesto que escuchamos mencionar muchas veces, pero nadie explica: el impuesto inflacionario. Como no existe un ente que lo recauda, el contribuyente, que los paga religiosamente, no suele tomarlo en cuenta cuando considera su carga fiscal. ¿Inflación como impuesto? Para comprenderlo tenemos que saber primero cómo se genera el concepto de inflación. El dinero, como cualquier otro bien, está atado a la ley de oferta y demanda: cuanto más abunda, menos están dispuestos los consumidores a pagar, pero cuanto más escaso es un bien, más deseado es por las personas y están dispuestas a pagar un precio mayor. Para cualquier teoría acerca de la inflación, cuanto más dinero hay circulando en relación a su demanda, las personas ven que les sobra un poco de dinero, por lo que salen a comprar las cosas que más desean consumir, que quizá antes no podían. Esto genera que una parte de comerciantes se dé cuenta que si suben los precios, moderadamente, no disminuye la cantidad de bienes que ellos venden, por lo que podrían ganar más. Este “exceso de oferta de dinero” genera que el proceso que comienzan unos, se traslade de un rubro a otro, ya que donde aumenta el precio de la harina, necesariamente aumenta el precio del pan, y consecuentemente, el precio de la milanesa. A medida que suben los precios, las personas pueden comprar menos bienes, generando un ciclo económico, cuyo desenlace es que las cantidades vendidas en la economía sean prácticamente las mismas, pero la etiqueta de precio de cada producto vaya aumentando poco a poco. En el largo plazo, por lo tanto, lo único que genera la mayor cantidad de dinero circulante es este proceso de “actualización”, al que llamamos inflación. Tomemos el ejemplo de Juan, que en el año 2015 vendía el kilogramo de milanesas de carne a 100 pesos, y un año exacto después a 125 pesos. Podemos, entonces, decir que el precio de las milanesas aumentó 25%. Si la economía, en general, también acompañó ese aumento de precios, podemos concluir, que la economía aumentó sus precios, pero no sabemos si creció o no. Si en año 2015 vendió 1000 kg de milanesas, Juan facturó 100 mil pesos, y al siguiente facturó 125 mil pesos por la venta de ellas, podemos decir la cantidad de milanesas no cambió. No importa si Juan cree que es más rico que antes por haber facturado 25.000 pesos más… él no puede comprar más bienes que un año antes con el mismo trabajo. Las personas pueden intentar contrarrestar la inflación buscando mantener su poder de compra, usando su dinero para algo que le devuelva una ganancia. Las más comunes son invertir en plazos fijos, otras monedas (usualmente, dólares), en la bolsa y bienes para vender especulando en que su precio subirá. Pero esto genera una problemática: en un país donde la economía en negro representa una porción significativa, existe una parte importante de la sociedad que no puede acceder legalmente al sistema financiero o bancario. Al mismo tiempo, son las mismas personas que suelen tener menos información y educación financiera para poder estar a la vanguardia de las de las “expectativas racionales”, que no es otra cosa que un término económico para llamar a la capacidad de las personas de mirar a su alrededor y adaptarse a los cambios que suceden en la economía. Entonces, muchos solo pueden ahorrar bajo el colchón, o buscar formas de perder menos ante la inflación, pero perder al fin, y aceptar que a medida que pasan los meses se vaya perdiendo progresivamente el poder de compra de su dinero. La consecuencia es clara: estas personas no tienen ningún incentivo para ahorrar o invertir. ¿Por qué existe? Si bien es difícil comprender qué es lo que generaría que alguien quiera que los ahorros de cada uno valga menos, el proceso es creado por personas, ya que hay quienes no pierden con la inflación. Para terminar de comprender el proceso completo, es necesario también diferenciar los aumentos y los beneficios en cada sector. El aumento de precio de un producto no significa que toda la economía subió al mismo nivel. Si, por ejemplo, las milanesas de carne aumentaron 25% en un año, eso no significa que la inflación de cada producto de la economía fue de 25%, porque es probable que algunos aumentaron menos, y otros más. La inflación informada toma en cuenta una amplia canasta de productos diversos que son comunes en la economía. Que algunos que aumenten más que el resto, significa que hay algunos productos que “ganan”, y por lo tanto, hay sectores que están siendo beneficiados con la inestabilidad de precios. Los productos que no pierden contra la inflación, suelen ser aquellos que son más necesarios para las personas, o los que están más arraigados en la cultura, como las ya mencionadas milanesas de carne para nuestro país. También puede suceder que no existan productos o servicios que logren reemplazar a los originales, por lo que la demanda está cautiva de ellos. Y por otro lado, puede suceder que las personas se van adaptando a la inflación a diferentes velocidades, ya que no es la misma información financiera y económica, ni su capacidad de procesarla, que cuenta un ama de casa, un comerciante, un taxista, el Ministro de Finanzas o el gerente de un banco. De cualquier manera, puede resumirse en que siempre hay tres grupos que se benefician por todo este proceso. Beneficiario 1: financiar a algunos Si el Estado gasta más que lo que ingresa a través de impuestos, debe financiarlo de alguna forma: por un aumento de impuestos, emisión de deuda o emisión de dinero (justamente, imprimir billetes de más para la economía). Si el Gobierno decide subir los impuestos, no solo puede generar que ciertos negocios ya no sean rentables, sino que además existe la posibilidad de incentivar el mercado informal, que no los paga, y así la recaudación podría incluso bajar, además del costo político que esto conlleva por estar subiendo impuestos. Si, en cambio, se pide prestado al exterior, como al Fondo Monetario Internacional, se promete pagar esta deuda y sus intereses a través de la recaudación de impuestos futuros, lo que podría significar subir los impuestos, que tiene un costo político alto. Cabe destacar que financiar proyectos específicos con deuda puede ayudar a solucionar problemas urgentes, lo que podría justificar el pago de esos intereses. Por último, la emisión monetaria, tiene un costo político prácticamente nulo, porque las personas en general no están mirando cuánto dinero hay nuevo en la economía, sino que incluso tienen la impresión que “hay más dinero en la calle”. Es por esto que algunos políticos eligen esta forma de financiar los excesos de Gastos que hace el Estado: al usar este dinero discrecionalmente, pueden comprar voluntades que se traducirán en votos, y al mismo tiempo, pueden asegurar que ellos son responsables gestores por la bonanza económica que produce más dinero que antes, para que las personas puedan gastar más… pero ya hablamos de cómo termina esto. Beneficiario 2: el poder de la negociación En un contexto de inflación las personas empiezan a pedir aumentos de salarios para poder comprar las mismas cosas que antes, pero, para una gran parte de la economía, no suceden a través del arte de magia sino a través de paritarias. En ellas, se sientan el Gobierno, el gremio (en representación de los trabajadores) y la cámara empresaria del mismo sector, intentando encontrar un equilibrio para el aumento que no ahogue la economía. Lo que raramente se dice, sin embargo, es que los representantes de grandes gremios y empresas tienen mayor capacidad de negociación que los pequeños. Los empresarios pueden pedir trato preferencial con el gobierno por el tamaño que representan en la economía, y los gremios pueden presionar con paros generales o protestas, por lo que es improbable que salgan de una reunión con un desenlace que no les sea favorable. Cabe resaltar que algunos políticos también son beneficiados porque venden que gracias a su excelente gestión existe el incremento salarial. Podemos resumir el proceso en la siguiente premisa: la inflación concentra el poder. Los perdedores son los trabajadores, los pequeños gremios, los pequeños empresarios y, por supuesto, los políticos opositores que no pueden adjudicarse los aumentos como sí los oficialistas. Beneficiario 3: en el caos, algunos prevalecen Las personas con más información financiera pueden intentar estar un paso adelante que el resto sabiendo dónde invertir, dónde no, qué productos subirán sus precios, si conviene comprar bonos o acciones, entre otras opciones. La falta de certidumbre va haciendo cotizar el miedo en las personas, y reaccionan refugiándose en lo que creen seguro: en Argentina, el dólar. Pero éste, en general, no hace ganar a las personas dinero, sino que apenas mantiene el valor real de sus ahorros. Mientras que, en Argentina, durante el año 2017 el dólar subió alrededor de 24%, que es un valor cercano a la inflación, los plazos fijos devolvieron al usuario cerca de 28% y los Fondos de Inversión de tasa mixta (que incluyen bonos, acciones y monedas) promediaron el 46%. La diferencia entre tener educación financiera y no tenerla significa resignar al menos 18% de las posibles ganancias sobre el dinero invertido, que es la diferencia entre el plazo fijo tradicional y lo que pagan los Fondos de Inversión mencionados. Pero si intentamos encontrar inversiones con ese nivel de ganancias, de bajo riesgo, en una economía sin inflación, fallaríamos reiteradamente. Es por esto que podemos inferir que las personas con mayor educación financiera no tendrían estos beneficios extraordinarios en un contexto diferente al que tenemos. Los beneficiados de siempre En conclusión, resta solo sumar factores: los beneficiarios son los grandes políticos, los grandes gremialistas y las personas con mayor educación financiera, que suelen ser los ricos. Los de siempre. Esto no significa que todos los políticos, gremialistas y ricos sean malos, sino que muchos son víctimas de un sistema corrupto pensado para estafar sistemáticamente al ciudadano, sin tener capacidad u opción de modificarlo. ¿Y los perjudicados? ¡Adivinaron! El resto de los ciudadanos. Son ellos los que deben presionar para que la inflación baje, porque atenta contra la capacidad de ahorro y planificación de cada uno. Sin esta presión no sucederá porque existen algunos con mucho poder que prefieren este sistema que los beneficia, a uno en el que las personas se den cuenta que alguien está sacándole todos los meses un poco de sus bolsillos para poner un poco más en los propios.

Achicar el empleo público, ¿a cualquier costo?

El Gobierno de Mauricio Macri dio un nuevo en su compromiso por bajar el Gasto Público, a través de un programa de Retiros Voluntarios de empleados estatales. El Decreto 263/2018 fue diseñado por el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, en conjunto con su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, para cumplir el mandato del Presidente de gastar menos, administrar mejor y bajar impuestos, haciendo más eficiente el Estado.

Desde el mismo Ministerio de Modernización afirman que esta medida significará el retiro voluntario de entre tres y cinco mil empleados públicos. Sin embargo, el Ministro de Modernización Nacional, hace poco aseguró que, desde su dependencia, se está “promocionando el desarrollo de la carrera pública, para que los argentinos tengan un Estado que esté manejado por profesionales, por concurso, basado en el mérito, para que funcione adecuadamente”. Ante este tipo de declaraciones, uno debe preguntarse si el objetivo que plantea el Decreto está en concordancia con lo que Andrés Ibarra sostuvo.

Podríamos centrarnos en discutir ciertos vacíos legales que estarían formándose por el Decreto firmado por el Presidente, como la falta de un componente de género (no, ¡en serio! En el artículo 1, 3 y 4), la arbitrariedad de la edad (artículo 1, 3 y 4), o la arbitrariedad de los tiempos de antigüedad (artículo 5). Sin embargo, es el debate de fondo el que no debemos eludir: ¿qué significa el decreto? ¿Es este el camino correcto para alcanzar el objetivo propuesto por el Ministro? ¿Quiénes son los que tomarán este retiro, y por qué?

Jubilación anticipada para algunos

Para las personas entre 60 y 70 años, este decreto probablemente será utilizado para empalmar estos años de retiro, con el trámite de jubilación, por lo que, en términos prácticos, significa una jubilación anticipada, pero con 100% de movilidad en su sueldo por 24 o 36 meses. Pero la ganancia que existe para el Estado, de este sistema, es meramente estadística: el sueldo de esta persona, dejará de salir de los impuestos pagados por los contribuyentes, para empezar a salir de los aportes… también pagados por los contribuyentes. Por lo tanto, el retiro de estas personas, no ayuda a resolver el problema de fondo, que es el exceso de empleo público, el exceso de Gasto Público, el tamaño del Estado y la carga fiscal que deben afrontar los ciudadanos.

Retiro Voluntario para otros

En el artículo 1º, inciso C, vemos el grupo que más nos importa discutir: personas que tienen menos de 60 años. Los requisitos para acceder son: tener 2 años o más en la entidad o jurisdicción del Estado. Aquellos que decidan aceptar este Retiro Voluntario, cobrarán una suma equivalente a una cantidad de sueldos en el momento de la aplicación, y luego cuotas del 70% de su sueldo por hasta 24 meses, ambas partes dependiendo de su antigüedad. Por lo tanto, en términos prácticos, sirve como un sobre sueldo por si pasa a trabajar para una empresa, o bien, una ayuda por si quiere formar su propio emprendimiento. Si bien, en una primera instancia, suena un buen camino para reducir empleo público, rápidamente se borra la sonrisa cuando debemos preguntarnos quiénes son los que serán tentados por esto. La respuesta no los sorprenderá: no será el pequeño porcentaje que que el ciudadano común cree que son parásitos, sin preparación, que no ayudan a hacer más eficiente el Estado, ni solucionar los problemas que tienen los ciudadanos, que gana más que lo que cree que podría ganar en una empresa. Sino, en cambio, serán los que creen que no tendrán dificultades para adaptarse al ámbito privado, con sueldos similares, o incluso superiores porque las empresas podrían pelearse por contratar a estas personas capacitadas, mejor preparados y con mérito. ¡Qué casualidad! ¡Son los mismos que Andrés Ibarra pretende que se queden en el Estado, para que funcione adecuadamente!

Empleo estatal para el resto

Aquellos que no tomen el Retiro Voluntario, siendo empleados públicos en el ámbito Nacional, no necesariamente son no preparados, sin mérito ni parásitos. Pero hay una parte de los empleados públicos, que pretenden tener asegurado su trabajo en el Estado solo por el hecho de haber entrado en un momento determinado, con la complicidad de los sindicatos que cuidan a sus afiliados para que no se queden sin sus aportes. Digo, aportantes. Son estos los que son una carga para el contribuyente, sin ayudar a tener el Estado que ayude al ciudadano.

Los planes de Retiro Voluntario, no deben estar centrados en quienes podrían ayudar a este proceso de profesionalizar el empleo público, sino en aquellos que se creen con derecho de recibir un sueldo sin tener que rendir cuentas a los contribuyentes de sus tareas, o el tiempo que debería dedicar a ayudar a hacer entre todos un país mejor, con menos impuestos y más eficiente, como quiere tener el Presidente de la Nación.

Propuesta

Ante esta situación, en la que el Retiro Voluntario propuesto, está centrado en quienes están en condiciones de adaptarse, propongo que equiparemos las oportunidades. Con un trabajo conjunto entre el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda, podría lanzarse un plan de créditos blandos y subsidiados para empleados estatales, además del retiro voluntario, para que el empleado público que tenga una idea o emprendimiento, pueda tener un período de adaptación más suave. Con este objetivo, deberían presentar un proyecto para pedir el crédito, que tendrían  aprobado. Para esto, el Ministerio de Educación debe capacitar por un tiempo a las personas que tomarán esta ruta con lo que es llamado habilidades blandas, y cuestiones básicas de contabilidad, para ayudar a que la persona pueda solventar su idea. Por último, el Ministerio de Seguridad Social, puede hacer un seguimiento de las personas y sus emprendimientos, asesorándolos durante los dos primeros años, buscando el éxito de dicho emprendimiento. Esta vía, no solo ayudaría a achicar el Estado, sino también a crear empleo y tener una cultura emprendedora en las personas.

Al mismo tiempo, las personas que estarían tomando la jubilación anticipada, en su lugar podrían ayudar a capacitar a estas personas que quieran tomar este retiro voluntario para emprender, y así no tener personas totalmente inactivas e improductivas.

Creo que los pasos que marcó nuestro Presidente, son los correctos. Sí considero que achicar el Estado, debe hacerse de forma inteligente y focalizada, para alcanzar el cambio lo que tantos argentinos queremos, para tener el país que tantos argentinos soñamos.

Educación confesional y el costo de la legislación incompleta

En un fallo histórico, por lo que representa para los defensores de la Libertad religiosa, después de 10 años, la Corte Suprema de Justicia resolvió que en Salta no puede impartirse educación religiosa en las escuelas públicas en el horario escolar, y como parte del plan de estudios, como venía haciéndose hasta este ciclo lectivo.  

Actualmente, la Ley Provincial 7.546 de Salta dispone que la enseñanza religiosa se imparte de manera obligatoria, en clara contraposición a lo que establecen la Constitución Nacional en el artículo 14, y la Convención sobre los Derechos del Niño, también en el artículo 14, que entregan los derechos de la educación religiosa a los padres, y establecen que el individuo tiene derecho de profesar libremente su culto, sin que otro sea impuesto. Cabe preguntarnos por qué surgió esta problemática, ya que todos creemos saber que la enseñanza en nuestro país es común, obligatoria, graduada, gratuita y laica, por la famosa Ley 1420. Esta Ley de Educación Común, de hace más de 130 años, formó un consenso entre conservadores y liberales, alrededor del artículo 8, que establecía que “la enseñanza religiosa sólo podría ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase”. Pero los proyectos que fueron sancionadas reemplazando a la ley que promulgó el Presidente Julio Argentino Roca, si bien mantienen el espíritu laico, no regulan de forma explícita la enseñanza de religión en las escuelas públicas, generando el vacío legal actual.

En el caso de la Provincia de Salta, podemos asegurar que no fue solo la Ley salteña que generó controversias, sino que la aplicación de la normativa también dividió las aguas, alcanzando al máximo Tribunal de la Nación. La Disposición nº 45 de la Dirección de Educación Primaria de la provincia, prevé que al comienzo del año lectivo, los establecimientos educativos envíen un cuestionario a los padres de los alumnos, que contiene preguntas como si están de acuerdo con que el alumno reciba educación confesional, y cuál es el credo que desean que se enseñe a sus hijos. Si bien las intenciones parecen ser nobles, en el ámbito escolar la situación vivida por los alumnos dista de lo buscado, ya que en muchas de las escuelas de Salta, solo se enseña y practica la catequesis de un solo culto: el Católico Apostólico Romano. Esto lleva a una situación en la que el alumno, por profesar una religión diferente a lo que la mayoría, puede quedarse en el aula porque no existan otras opciones curriculares, o incluso para no sentirse diferente de sus pares. Por otro lado, también existe una falta al derecho de fundamental a la privacidad de cada persona, ya que la obligan a revelar sus creencias religiosas.

En un fallo tan importante, la Corte Suprema resolvió que cuando una norma admite una lectura que pone a un sector de la población en una situación de inferioridad respecto de un grupo determinado, se debe invalidar la norma, porque de lo contrario, la discriminación será repetida, ya que la norma en sí misma es la causante de la desigualdad. También consideró que dentro del sistema educativo público de la Provincia de Salta, existen patrones sistemáticos de trato desigual hacia grupos religiosos minoritarios, o hacia los no creyentes. Por último, argumentó que el credo es absolutamente personal, propio de la intimidad de cada persona, por la que no se debe permitir la coerción para revelarlo.

Es importante reconocer los aciertos del Poder Judicial, que ayudan a construir el país que tanto los fundadores, como la gran mayoría de los argentinos, queremos, ya que este fallo servirá de jurisprudencia ante conflictos futuros, en los que la libertad religiosa sea puesta en jaque. Sin embargo, me pregunto por qué tuvieron que pasar 10 años desde la aplicación de la normativa, discriminaciones, formularios, años de litigio, diferentes instancias judiciales y audiencias públicas, por una normativa que solo generó un trato desigual entre los salteños, cuando un trabajo más exhaustivo en la redacción del proyecto de parte de los Diputados y Senadores, podría haber evitado el conflicto, al incluir un artículo que regule las condiciones en las que se puede brindar educación confesional en las escuelas, como lo establecía el famoso artículo 8, de la Ley Nacional 1420, de Educación Común, por la que tanto trabajó Domingo Faustino Sarmiento.