En nuestro país hemos comenzado una serie de cambios desde el 10 de diciembre, que nos están llevando hacia la normalidad. Eso incluye económicos, sociales, contractuales, políticos y muchos otros que trascienden lo que siquiera se planteó en la campaña.Una de las problemáticas más duras que estamos enfrentando en el ámbito económico, es la inflación, que es un fenómeno social y económico. Si bien existen muchas teorías acerca de ella, una sus causas es un punto de encuentro para todos: el exceso de moneda circulante, causado por la impresión desmedida (en criollo, se imprimieron billetes de más) presiona a que los precios suban lentamente. Pero analizar cómo combatirla, ya es una epopeya hasta para los más galardonados economistas.
En primera instancia debe disminuirse la emisión de billetes. Parece una obviedad, pero más de uno se sorprendería al analizar las acciones que se toman en el mundo, y ver eso no se hace en muchos casos. El motivo es que el Estado queda sin una herramienta con la que pagar obligaciones adquiridas, por lo que sería necesario buscar otras fuentes de financiamiento o bien, bajar el gasto. Pero seamos claros: el gobierno de Cristina Fernández, dejó un déficit del 7% del PBI, sin contar otras obligaciones. Esto equivale a un mínimo de 35 mil millones de dólares, pero quedan muchas áreas por auditarse, y este monto podría subir. El gobierno está recurriendo a ambos caminos; por un lado buscando que las personas produzcan más, y por lo tanto, teniendo que pagar impuestos por esa vía, a pesar que han bajado impuestos en varios rubros, y por el otro, desvinculando contratos de personas que no trabajaban realmente en el Estado, cerrando dependencias, achicando organigramas, eliminando subsidios, y hasta parando obras por licitaciones de dudosa legalidad, o sobreprecios. Esto debería alcanzar para comenzar a equilibrar las cuentas públicas hacia el mediano plazo.
Pero la inflación es un monstruo complejo, en el que las medidas milagrosas no existen. Las expectativas de las personas hacia la inflación, han generado una indexación de todos los bienes a ello. Por ejemplo, existen contratos que estipulan subas a través del tiempo del mismo, como muchos de inmuebles, y por lo tanto las personas tendrán que cumplirlos a pesar que implican una presión mayor en los bolsillos de los ciudadanos. De no poder hacerlo, podríamos presenciar un enorme problema. Al encontrarnos con este panorama sombrío, el único camino viable es bajar gradualmente la inflación, con las paritarias indexadas. Mientras tanto, el gobierno se centrará en generar trabajo, aumentar la productividad, y especialmente, dar el marco de estabilidad institucional, legal, económico y social para que las personas puedan llevar a cabo sus emprendimientos.
Pero existen otras problemáticas que serán necesarias resolver para lograr el objetivo planteado. Desde que hubo un ganador del ballotage, hasta el día del cierre del cepo cambiario, la expectativa de los comerciantes y empresas, fue que el valor del dólar iba a dispararse hasta los 16 o 17 pesos, como mínimo, y ante el miedo a perder dinero, subieron los precios de sus productos a niveles que eran injustificados desde cualquier punto de vista, incluso oferta y demanda. Claramente, esto tuvo consecuencias: las empresas vendieron menos productos y los comerciantes presenciaron su época navideña de vacas flacas, por lo que muchos retrotrajeron nuevamente los precios, pero con limitaciones. Algunos, y menos que el aumento. Quiero dejar muy en claro que los comerciantes no son los culpables por la inflación, sino apenas un síntoma más.
Esto nos trae a la problemática actual: el Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, anunció que se pedirá que las empresas (no PyMEs) que venden productos de forma minorista, publiquen los precios de los productos en internet, para así lograr mayor transparencia y seguimiento de los precios, y en caso de no hacerlo, o mentir en la publicación, se aplicaría una multa a la empresa. Esto ha generado revuelo en algunos sectores intelectuales, ya que alegan que atenta contra el espíritu del libre mercado, y síntoma de un Estado omnipresente, que quiere tener todo bajo su control. Incluso algunos llegaron a decir que este gobierno es kirchnerismo con otro color, menos choris y Tan Biónica.
Disiento totalmente, y pretendo explicar mis razones, Por un lado, la información está muy dispersa en todos los individuos, por lo que es imposible que nadie logre acumular toda esa información y tomar decisiones para planificar la economía. Esta es la premisa básica que usó durante toda su vida como economista, Friedrich von Hayek, premio nobel de economía y uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca. Esta corriente de pensamiento ha siempre mantenido la premisa que los individuos son quienes mejor saben cómo utilizar su propio dinero, ya que nadie mejor que ellos para saber qué es importante para sus vidas, y por lo tanto no precisan que un Estado paternalista les diga o "sugiera" cómo deben usar el dinero.
Por el otro lado, tenemos que comprender cómo se generan los precios de los productos que compramos todos los ciudadanos. Una gran parte de los precios, se manejan por la ley de oferta y demanda. Pero la realidad es un poco más compleja que esto, ya que la gran mayoría de los actores de la economía son pequeños, y no tienen la capacidad de hacer estudios de mercado para saber la elasticidad precio de sus diferentes productos (en criollo: si ganarían más o menos en general, subiendo o bajando el precio de un producto). Estos actores pequeños, que pueden ser almacenes, el chino, la pizzería o la panadería del barrio, miran principalmente dos factores para hacer el cálculo de a qué precio vender:
1) Cubre los costos (tanto el producto, como la instalación por tenerlo en stock, el sueldo de los empleados, el costo de los servicios necesarios, y deja una ganancia no menor al 15%.
2) ¿A cuánto lo está vendiendo el supermercado grande, como Coto, Carrefour, Disco, o la cadena de pizzerías?
Considerando estos factores, sabrá si puede venderse a un precio más alto, o si directamente no le conviene comerciar el producto.
Debido a esto, nos encontramos con el panorama aterrador de tener que decir que los kirchneristas en algo tenían razón: existen quienes sí son formadores de precios, gracias al punto 2. Estas grandes empresas, sí pueden hacer uso de los conocimientos de la ley de oferta y demanda para maximizar su ganancia y por lo tanto, dar máxima eficiencia a la economía, pero al especular sí pueden generar una cadena de aumentos de toda la economía, ya que tienen influencia en cómo los demás generan sus precios. Eso no significa regularlos, o hacer acuerdos de precios como hizo el kirchnerismo.
Lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri con esta medida, es intentar que los precios sean una información pública, para que los consumidores tengan mejor acceso a ella. De esta forma, los individuos son quienes mejor sabrán cómo utilizar su propio dinero, ya que nadie mejor que ellos para saber qué es importante para sus vidas, y por lo tanto no precisan que un Estado paternalista les diga o "sugiera" cómo deben usar su dinero. Siendo pública, estas grandes empresas tendrán un desincentivo a subir los precios a menos que sean necesarios. Pareciera una obviedad que no tengan incentivos a subirlos, ya que podría significar menos ventas, pero lamentablemente no es algo lineal. Existe una práctica muy común en el ámbito comercial, que es utilizar la confusión de precios y la falta de estabilidad, para subir el precio de algunos productos, para luego bajarlo por una oferta, y así poder anunciar que el descuento es en realidad muy mayor al que originalmente debería. Esto está basado en un fenómeno socio económico, que indica que las personas tienden a comprar más si ven carteles con rebajas mayores. Esta clase de práctica podría ser expuesta fácilmente si los precios son públicos, como se pretende, con solo hacer un pequeño historial de precios de la misma empresa, o bien, comparando los precios del producto en diferentes firmas.
En un país ideal esta clase de medidas no serían necesarias, ya que el en primera instancia es el ciudadano quien decidiría libremente, y penalizaría personalmente o en común acuerdo con sus allegados a quienes no publican los precios de una forma que a ellos les sirve. Y por esto mismo, no serían necesarias las multas a quienes no cumplen con la normativa. Pero he aquí la la cuestión: sabiendo que no estamos en un país ideal, ¿es este el mayor grado de libertad para las personas que podemos lograr? ¿No existe un abuso de parte de algunos actores económicos, a la falta de información de las personas? Los comercios se aprovechan del costo oportunidad de las personas, cobrando por algunos productos precios muy mayores al del mercado ya que el ciudadano no quiere perder tiempo en ir a otro lugar otro lugar para comprar un producto que se encuentre muy caro donde está, o bien, el ciudadano no tiene la información como para saber si existe otro comercio donde lo que busca sea más económico. Por lo tanto, yo considero que la libertad es que cada uno pueda decidir dónde comprar, pero también es que pueda hacerlo antes de ya estar perdiendo el tiempo en ir hasta el lugar. Y si bien las personas deberían ser quienes presionen para que esos cambios existan, esto no sucede. Este no es un mundo ideal: estamos en una argentina donde te penalizan si querés pagar con tarjeta de crédito, por más que lo hagas en un solo pago; donde te cobran 35 pesos de servicio de mesa por ponerte dos panes mediocres, sin mantel; donde muchos lugares no aceptan ni siquiera tarjetas de débito, para no tener que hacer todas las transacciones en blanco; donde se da de baja un servicio, y 3 meses después, siguen debitando de la tarjeta de crédito. Seamos claros: hay un factor cultural que debe modificarse, que no se va a lograr de un día para el otro, con libre mercado. Eso es teoría.
Tenemos que preguntarnos cómo vamos a alcanzar mayor libertad para los individuos, Por mi parte, coincido con Mauricio Rojas: "el ejercicio real de la libertad exige condiciones que tienen que ver con el acceso a ciertos recursos y seguridades básicas, sin las cuales la libertad queda reducida a una pura promesa incumplida". Define en su trabajo que para una persona que es libre para leer todos los libros, es una broma de mal gusto, si nunca aprendió a leer. El principio es el mismo: no seremos realmente libres, si no podemos acceder a la información. A pesar que exija ciertas obligaciones para ciertos actores económicos, es hora de alcanzar un mayor grado de libertad para todos, con información pública y libre.
